Central de Abastos de Montelíbano: La plata que se perdió hace quince años y aún no se recupera

Cuando el sol amaga con salir, empieza cada mañana el recorrido de Juvenal López por las calles del barrio 27 de Julio del municipio de Montelíbano, empujando una destartalada carreta con la que se gana la vida, hace más de una década. Este hombre de 34 años, que sólo estudió hasta terminar el bachillerato, no ha encontrado otra forma de llevar el sustento diario a su humilde vivienda.

Camina bajo el inclemente sol caribeño, hasta 8 horas diarias. A veces le va bien, otras veces no. El recorrido de Juvenal, primero lo lleva al centro del pueblo, donde se surte de verduras y tubérculos, luego va de un sector a otro, en busca de clientes, mientras expresa que su presente sería distinto si viviera en un país con más oportunidades para los que tienen menos, y en donde la corrupción no fuera pan de cada día.

Durante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se celebró en octubre 2004 en Nueva York, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, manifestó que “Este fenómeno maligno se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

Córdoba: escándalo tras escándalo

Por más de cinco décadas, los cordobeses han sufrido con todo rigor los impactos de las distintas manifestaciones de violencia. Guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, bandas criminales y corrupción han generado derramamiento de sangre, pobreza y subdesarrollo.

La corrupción por su parte ha puesto a Córdoba en los últimos años en la órbita nacional como uno de los departamentos más corruptos del país por una serie de escándalos como el ‘Cartel de la Hemofilia’, ‘Cartel de la Educación’, ‘Cartel del Bastón’, ‘Cartel de las Gafas y Cajas de Dientes’, ‘Cartel del Síndrome de Down’ y el ‘Cartel de las Tucson’, que pusieron en evidencia el lamentable estado al que llegó la clase política, funcionarios públicos y hasta jueces de esta sección del país.

El departamento también figura a nivel nacional por una manada de ‘elefantes blancos’ que se pasean por los valles del Sinú y el San Jorge, entre los que se destacan la Unidad Materno Infantil del hospital San Jerónimo de Montería, el Matadero Regional del Alto Sinú en Tierralta y los acueductos regionales de la zona costanera y del San Jorge, entre otros.

No menos grave fue la corrupción que campeó en la Asociación de Municipios del San Jorge -Asosanjorge-, una entidad que agrupaba los municipios de Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador y que, a juicio de la Procuraduría General de la Nación, fue creada para eludir el Estatuto de Contratación Pública.

Para Juan Carlos Marchena Otero, médico, abogado y exalcalde de Montelíbano, a través de convenios interadministrativos con Asosanjorge, los municipios evadían los procesos de licitación pública establecidos en el Estatuto de Contratación.

Marchena Otero señala que Asosanjorge era “un monstruo de mil cabezas” que aprovechándose de su amplio objeto social realizaba todo tipo de contratos.

Un informe del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, realizado a través de la Dirección de Regalías y que fue publicado en mayo de 2010, expuso que durante las vigencias 2008 y 2009, proliferó la contratación directa con asociaciones de municipios en algunas entidades territoriales beneficiarias de regalías. De total de los recursos de regalías sujetos a este tipo de contratos, los municipios cordobeses representaron el 57 por ciento, seguidos por los municipios de La Guajira con 39 por ciento.

«La Ley 136 de 1994, las faculta a estas asociaciones para colaborar mutuamente en el desarrollo integral de sus territorios, en la ejecución de obras públicas, organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de funciones administrativas -aclarando que esta última no puede ser ejecutada con recursos de regalías-.

Sin embargo, en la ejecución de los contratos se identificó un uso indebido de los recursos de regalías; obras de mala calidad o incompletas; no exigencia de pólizas; ausencia de interventoría técnica; retrasos injustificados en la ejecución; y, adiciones en valor sin estudios previos. Hechos que riñen con la normativa vigente en el tema de contratación (Ley 80 de 1993 y 1150 de 2008).

Un caso que expone lo mencionado es un Convenio del año 2007 por 12.531 millones de pesos suscrito entre la Gobernación de Córdoba y Asosanjorge, para realizar obras en los sectores de agua potable y saneamiento básico, educación, energía y deportes, al cual se le adicionó un 50 por ciento del valor contratado, sin haber iniciado su ejecución y sin estudios de conveniencia. Adicionalmente, se evidenció que algunas obras no cumplen las especificaciones requeridas, que fueron ejecutadas sin interventoría técnica y sin haber suscrito acta de inicio. A la fecha, el convenio está suspendido por una Acción Popular, interpuesta por un ciudadano de ese departamento, que busca no sólo la devolución de los recursos entregados con sus rendimientos financieros, sino anular el convenio.

En los balances que realizó la Dirección de Regalías a finales de 2009 e inicios de 2010 se les recordó a los mandatarios que los recursos de regalías al ser públicos, deben ser manejados como tales: respetando las normas de contratación pública y vigilando a estrictamente su correcto uso, razón por la cual es necesario exigir en los contratos garantías, cláusulas de multas y penalizaciones por incumplimientos y retrasos, así como solicitar informes periódicos de ejecución en la contratación con asociaciones.”, indicó en su momento el informe del DNP.

En la región del San Jorge, sus habitantes aún recuerdan estos convenios porque 15 años después, varias de las obras contratadas aún no aparecen.  Es el caso de la construcción de un Polideportivo por un valor cercano a los 200 millones de pesos en Buenavista; en Planeta Rica, la construcción del sistema de tratamiento de agua en los corregimientos; Centro Alegre, Campo Bello, y Marañonal por 1.850 millones de pesos, la edificación y dotación de cinco aulas escolares, en el corregimiento de Arenoso, por valor de 340 millones de pesos y la ejecución de un Centro de Recursos Educativos Municipal (Crem) en la cabecera municipal con un monto de 1.135 millones de pesos.

En Pueblo Nuevo nunca se construyó el Centro de Recursos Educativos Municipal (Crem) para el cual se asignaron 690 millones de pesos y tampoco se hicieron seis aulas escolares y una batería sanitaria en el Centro Educativo Los Limones, que tenían asignados 430 millones de pesos.

Tampoco se construyeron 158 unidades básicas sanitarias (letrinas) en los diferentes municipios del San Jorge que tenían una asignación presupuestal de 410 millones de pesos. Una de obra que sí se ejecutó fue el alcantarillado en el municipio de La Apartada que tuvo una inversión de 5 mil millones de pesos; sin embargo, este sistema nunca funcionó debidamente.

La central de elefantes blancos

Otra obra contratada con Asosanjorge fue la construcción de la central de abastos y centro microempresarial de Montelíbano, a través del Contrato Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional No. 005 de octubre 23 de 2008, para la cual fueron asignados $5.749.869.886. El proyecto empezó a ejecutarse el 14 de noviembre de 2008 y debía estar terminado el 14 de marzo de 2010, es decir en un plazo de 16 meses. Sin embargo, en septiembre de 2009 las obras fueron suspendidas cuando presentaban un avance del 63,17%.

Este convenio se convirtió en un escándalo de corrupción porque la obra fue abandonada lo que llevó a los habitantes de Montelíbano a considerarla como un elefante blanco y una muestra de malas prácticas administrativas y de una deficiente planificación con los recursos de regalías del municipio.

El abandono de la obra, sumado a otros incumplimientos contractuales, representó el inicio de la debacle de Asosanjorge, a tal punto que los alcaldes de la zona evitaron desde entonces suscribir convenios con esta entidad.

El proyecto inconcluso también agrandó el caos administrativo y la crisis institucional que se vivió en Montelíbano entre 2008 y 2011. Durante esos años, el entonces alcalde de la localidad, Edinson Rangel Aguas, enfrentó demandas electorales, libró un proceso de revocatoria de mandato, fue suspendido en dos oportunidades por la Procuraduría General de la Nación y capturado por los delitos de peculado por apropiación y por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Ese momento ha sido considerado como uno de los más convulsos de la historia reciente de Montelíbano. El municipio alcanzó a tener cinco alcaldes encargados por la Gobernación de Córdoba, el giro de los recursos regalías de níquel fueron congelados por el Gobierno Nacional (109.894 millones de pesos) y sus cuentas embargadas por deudas con el Sena, Icbf, Cvs, Dian, Igac y hasta con la Diócesis de Montelíbano.

Regalías, regalo para despilfarrar

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, una regalía es aquella contraprestación económica, a favor del Estado colombiano, originada por la explotación de un recurso natural no renovable, es decir, cuya explotación se extingue por el transcurso del tiempo.

Los territorios que gozan de esa riqueza mineral que tiene su subsuelo han recibido importantes sumas de dinero por esa contraprestación. Algunos dirigentes las han sabido usar, otros menos inteligentes las han desperdiciado o en la peor de las circunstancias se han ido como agua entre los dedos.

En la década del 2000, territorios como Montelíbano, que tiene la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande de América, empezó a estar en el radar del país por la riqueza mineral que le estaba dando a Colombia y por ende las cuantiosas regalías que recibía. Regalías que no se veían reflejadas en la mejora de la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad.

Corría el año 2008 cuando las regalías ganaron protagonismo. Y no porque se hubiera disparado la mejor calidad de vida de la población, no, sino porque de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se detectó que se estaban usando mal, que había prácticas inadecuadas en el uso de estas, entre otras cosas que no se estaban usando para lo que estaban destinadas: para salud, educación y servicios públicos. Además de que se estaba contratando con asociaciones de municipios sin pasar por procesos licitatorios, además, sin que estas llenaran los requisitos y sin experiencia por lo que tenían que subcontratar con terceros.

Uno de los departamentos que se destacó en esa lista fue Córdoba y especialmente el municipio de Montelíbano. Por eso, ese año, el DNP decidió suspenderle el giro de las regalías.

Para ese año del que hablamos quedó elegido como alcalde Edinson Rangel Aguas, cuyo período constitucional iba de 2008 a 2011, quien, en el gobierno inmediatamente anterior, el de Moisés Náder Restrepo, se había desempeñado como secretario de Hacienda del municipio.

Rangel Aguas, como el mismo lo reconoce hoy, fue catalogado como ‘el hombre más corrupto de Córdoba’, aunque asegura que eso no fue así.

Dos hechos que son de recordación para los montelibaneses y los cordobeses como sucesos de corrupción en el gobierno de Edinson Rangel, son el de kit escolares que contrató con Asosanjorge por valor de 6.800 millones de pesos en enero de 2008, en su primer mes de mandato.

El otro convenio interadministrativo fue para la construcción de la Central de Abastos y del Centro Microempresarial de Montelíbano, que, aunque no fue construida con recursos de regalías, sí fue respaldada con estos ingresos para obtener el préstamo de parte de Bancolombia.

Firma del convenio

La primera duda que genera este convenio es justamente el tiempo en que fue firmado. En el recuento de las pruebas de la Contraloría Departamental para emitir su fallo de control fiscal contra el exalcalde Edinson Rangel y el representante legal de Asosanjorge, Jorge Madrid Novoa, se reporta que el contrato del empréstito que celebró el municipio con Bancolombia para la ejecución del Convenio No.005 de 2008 fue suscrito el 14 de septiembre de 2007, por el entonces alcalde Moisés Náder Restrepo, pignorando las regalías del níquel.

Y el convenio interadministrativo entre el municipio y Asosanjorge fue firmado por el alcalde Edinson Rangel, 13 meses después, el 23 de octubre de 2008.

Antes de que se diera la firma del convenio, el 25 de julio, Rangel Aguas modifica el plazo y formas de pago del préstamo, y el 11 de agosto el alcalde pignora las regalías, a pesar de que estas ya estaban suspendidas, desde el 12 de mayo de ese 2008. Situación de la que él asegura no estaba enterado, “escondieron la resolución y estalló el petardo en mis manos”, afirma en conversación con el equipo de Panorama del San Jorge.

El 24 de octubre, un día después de firmado el convenio, Bancolombia consigna los 6 mil millones del préstamo a una cuenta del Municipio.

La firma del convenio con Asosanjorge fue por $5.749.869.886, de los cuales el compromiso era entregarles el 50% a la firma del convenio y el restante 50% en pagos parciales en la medida del avance de la obra. Es así como la Asociación recibió $4.202.054.969.

La construcción de la Central de Abastos estaba programada para hacerse en 16 meses. Es decir, debía estar lista en marzo de 2010.

De acuerdo con el peritaje de la Contraloría la obra se construyó con recursos de hasta $2.654.240.052, equivalente a un 63,17% y se dejaron de ejecutar $1.547.814.917 lo que equivale al resto de la obra 36,83%, del total de recursos que recibió Asosanjorge de parte del Municipio.

La Asociación que no disponía de personal para ejecutar la obra, pagó a un administrador delegado la suma de $3.219.509.752, significa que no usó todo el dinero que recibió, le quedaron $982.545.217.

Para la Contraloría el daño patrimonial de que fue objeto el Municipio es de $6 mil millones, el valor del empréstito, porque la obra no se ejecutó en un 100%. Edinson Rangel aboga a su favor que el detrimento debía declararse sobre el dinero que no se ejecutó (1.798 millones de pesos) y no por el valor total del crédito.

“En la cuenta de Bancolombia, del crédito que nos hicieron quedaron recursos que no se ejecutaron porque no había manera de continuar con el proyecto al tener las regalías suspendidas, eso volvía al municipio inviable. La obra quedó a la altura del desembolso que se hizo. Me echaron la culpa de que yo me había robado la plata, pero lo que quedamos fue desfinanciados porque el banco, sin yo dar la autorización, tomó la plata que había quedado allí, unos 1.800 millones de pesos, para pagarse las cuotas que estaban atrasadas”, cuenta el exalcalde. Según la documentación de la Contraloría en la cuenta quedaron $1.797.945.031.

Tres responsables

La Contraloría del departamento de Córdoba en sus diligencias de inspección realizadas entre enero y febrero de 2011, estableció que las obras no fueron ejecutadas en su totalidad por Asosanjorge, que fueron suspendidas sin alguna reiniciación y que el valor pagado no corresponde al ejecutado en obras.

El órgano de control departamental estableció además que la alcaldía municipal de Montelíbano no planeó ni proyectó acorde con el área de terreno con que contaba el municipio para construir la central de abastos, lo que creó un replanteamiento o rediseño del terreno donde se construyó y observó que no se hizo el estudio técnico de los terrenos donde se ejecutarían las obras para obviar las condiciones naturales del lote de terreno y la colindancia del mismo, lo anterior para prevenir que las construcciones causaren perjuicio a los habitantes vecinos.

En las pesquisas también se reconoció la problemática social de la ocupación del espacio público sin solución, como son las invasiones del terreno, afectando así al proyecto.

Dos años después de suspendida la construcción de la Central de Abastos de Montelíbano, el 7 de julio de 2011, la Contraloría General del Departamento de Córdoba profirió fallo condenatorio declarando responsabilidad fiscal.

El órgano de control falló con responsabilidad fiscal contra el exalcalde Edinson Rangel Aguas y Jorge Madrid Novoa, representante legal de Asosanjorge, por la suma de $4.566.898.984, quienes responden de forma solidaria.

La Contraloría Departamental en su fallo número 23-2011, determinó que Rangel Aguas también tiene responsabilidad fiscal de manera individual por una cuantía de $1.954.051.861. El exmandatario está reportado en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales -SIBOR- en tres procesos que suman $6.522.821.419, de los cuales $6.520.950.845, corresponde a la sanción por el caso de la Central de Abastos.

Entre tanto, Madrid Novoa, registra cinco reportes de responsabilidad fiscal que suman $5.549.458.632. Entre las entidades afectadas por Madrid Novoa figuran los municipios de Sucre (Sucre), Montelíbano, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo y hasta la misma Asosanjorge.

El fallo condenatorio de responsabilidad fiscal también fue contra la compañía aseguradora Royal & S.A. Sun Alliance, empresa que mediante la póliza de cumplimiento No. 21675 vigente desde el 14 de noviembre de 2008 amparó cumplimiento del contrato, manejo de anticipo, prestaciones sociales y estabilidad en la suma de $3.162.428.438 y posteriormente el 21 de mayo de 2010 fue modificada a razón de ampliación de términos para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta la póliza que garantiza el anticipo y el cumplimiento del contrato, la Contraloría falló contra la compañía Aseguradora Royal & S.A. Sun Alliance como tercero civilmente responsable por la suma de $2.499’641.260.

Tras el fallo, la compañía aseguradora libró una batalla jurídica contra la Contraloría Departamental de Córdoba, solicitando acción de nulidad del fallo de responsabilidad fiscal y restablecimientos de derechos. El caso llegó al Consejo de Estado y en noviembre de 2021 la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia proferida, en primera instancia, el 26 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

No se ha recuperado un solo peso

A finales de julio pasado, el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Zuluaga, manifestó que la Contraloría General de la República ha venido implementando nuevos mecanismos para recuperar los recursos correspondientes a procesos de responsabilidad fiscal.

“Queremos recuperar esos recursos y hemos hecho un cambio en la lógica del recaudo. En la medida que aperturamos un proceso de responsabilidad fiscal, de inmediato decretamos medidas cautelares”, indicó.

Zuluaga explicó que de esta manera se embargan cuentas y bienes: “De tal manera, cuando termina el proceso, la persona no se puede declarar en insolvencia y podemos hacer una recuperación clara de recursos”.

El actual líder del ente de control reveló que actualmente hay fallos que suman alrededor de $10 billones e impactan a cerca de 7.000 responsables fiscales, en su mayoría personas naturales o jurídicas.

Entre esos 7.000 responsables fiscales, figuran Edinson Rangel Aguas y Jorge Madrid Novoa, quienes doce años después del fallo de la Contraloría Departamental de Córdoba aún no han pagado los recursos por los que se encuentran reportados en el SIBOR de la Contraloría General de la República.

En respuesta a un derecho de petición presentado por este equipo periodístico ante la Contraloría Departamental de Córdoba, la entidad que “una vez culminado dicho proceso de forma favorable a este Ente de Control, se procedió a iniciar el proceso de cobro coactivo contra los señores antes citados con el propósito de lograr el resarcimiento del daño ocasionado al erario público, adelantándose actuaciones como la búsqueda de bienes de los ejecutados con el fin de decretar y materializar las medidas cautelares del caso, lo cual no ha sido posible hasta este momento”.

La respuesta firmada por la Contralora Auxiliar Delegada para Responsabilidad Fiscal, también deja claro que hasta la fecha no se ha logrado recuperar ni un solo pesos porque a Rangel Aguas y a Madrid Novoa no se les ha logrado encontrar bienes o cuentas que puedan ser objeto de medidas cautelares.

“A pesar de las actuaciones iniciadas por la Contraloría General del Departamento de Córdoba a la fecha no se ha logrado recuperar los dineros identificados como detrimento patrimonial dentro del proceso citado, ante la imposibilidad de este Ente de Control de materializar medidas cautelares, dado que los funcionarios condenados a realizar el resarcimiento, no se les ha logrado encontrar bienes o cuentas que puedan ser objeto de medidas cautelares”… “los recursos no han sido recuperados por cuanto los declarados responsables fiscalmente Edison Rangel Aguas y Jorge Luis Madrid Novoa no poseen bienes a su nombre que puedan ser objeto de medida cautelar; en ese orden, desde el inicio del proceso de cobro coactivo se oficia a los diferentes bancos, a la cámara de comercio, a las secretarías de tránsito y transporte y a la oficina de registro de instrumentos públicos”, explica el órgano de control.

Gobernó dos años

De los cuatro años para los que fue elegido, Edinson Rangel gobernó en 2008, 2009 y cinco meses de 2010 (enero, febrero, julio, agosto y septiembre), el 1 de octubre fue encarcelado por la investigación de los kits escolares, 45 días intramural y 7 meses en casa por cárcel. Después de ese día no volvió a ejercer como alcalde.

Afirma que, aunque nominalmente estuvo dos años y cinco meses, realmente su gobierno fue de un año y dos meses porque el resto de tiempo no pudo gobernar porque siempre tuvo a los entes de control pidiendo información, además de la revocatoria que hicieron en su contra.

Por eso, asegura que él no saqueó las finanzas del Municipio sino los alcaldes que estuvieron encargados y quienes manejaron las regalías que llegaron posteriormente.

En su defensa argumenta que fue víctima de la alianza que lo llevó a la Alcaldía porque se negó a seguir pagando insumos de fincas y empleados de servicio domésticos de la casa de Moisés Náder con recursos del municipio. Y porque este quería seguir mandando en el municipio ‘en cuerpo ajeno’.

A esto agrega que su negativa de firmar el Plan Departamental de Aguas (PDA) para entregarle a la Gobernación 10 mil millones de pesos anuales por 20 años, de negarse a privatizar el hospital de Montelíbano y de no pagar el régimen subsidiado con recursos de regalías, porque eso se pagaba con recurso de la Nación, incomodaron a personajes departamentales y nacionales que emprendieron acciones encaminadas a hacerle daño.

“El Municipio estuvo bien manejado financieramente, me rebelé contra un daño patrimonial que le iban a causar a Montelíbano a través de los bonos Carrasquilla, del PDA y la privatización del hospital”, afirma el exalcalde.

Edinson Rangel Aguas, quien desde cuando fue acusado por corrupción nunca fue entrevistado, habló por primera vez de lo que pasó en este mes de agosto.

Después de 15 años de sucedidos los hechos de corrupción de los que se le acusó, el exalcalde habló por primera vez con los medios. Se pregunta hoy, cuál fue el daño que le hizo a la comunidad, lo que sí pudo presentarse fue un desorden administrativo por todo lo que le tocó enfrentar.

Edinson Rangel, contador de profesión, no tiene bienes con los que pueda responder por la cuantía que le cobra la Contraloría. Desde que dejó la Alcaldía ha vivido de la caridad de la familia, ya que no pudo trabajar y solo hasta hace dos años lo volvieron a buscar.

En la Procuraduría General de la Nación no registra sanciones ni tampoco inhabilidades vigentes, igual no tiene investigaciones penales.

Rangel Aguas asegura que el sistema colombiano está hecho para ser corrupto. En ese entramado de corrupción participan jueces, fiscales, contralorías, procuradurías, obviamente que no todas. El lema es “róbate eso y dame a mí. Mi versión es la verdad de la mentira que me montaron”, asegura.

Segunda oportunidad con pobres resultados

En medio de la crisis política y administrativa que vivía Montelíbano, el 30 de octubre de 2011, Gabriel Calle Demoya le ganó el pulso en las urnas Moisés Náder Restrepo, con la promesa de sacar al municipio del caos en que se encontraba.

Cuando llevaba cinco meses de estrenarse como alcalde de Montelíbano, Calle Demoya inició el proceso de liquidación de varias obras inconclusas que dejó Asosanjorge en este municipio.

Entre las obras liquidadas se destacaban la central de abastos mercado del Sur, 380 letrinas del corregimiento El Anclar y el colector de aguas residuales para los barrios centro, San Luís y La Pesquera. Todos estos proyectos tienen más de dos años de permanecer abandonados.

Después de la liquidación, Calle Demoya empezó a formular un nuevo proyecto para la construcción de la Central de Abastos y Centro Microempresarial, etapa II, el cual fue presentado y aprobado en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-, que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, y constituido mediante el Acto Legislativo 005 de julio de 2011.

Con los recursos aprobados, el 13 de diciembre de 2013, la administración de Gabriel Calle Demoya inició el proceso licitatorio y firmó contrato el 13 de febrero de 2014 con el consorcio Central de Abastos, representado legalmente por Diover Caldera Oyola.

El contrato suscrito inicialmente por $8.159.003.614 tuvo una adición de $1.999.997.573, para un total contratado de $10.159.001.188. Con estos recursos se construyeron la sede administrativa de 2 pisos que consta en el nivel de 2 bodegas grandes; zona P de restaurantes 6 locales; zona N de 60 locales; zona C de 17 locales; zona V de 6 locales dobles; zona de jugos J de 18 locales; zona de locales comerciales de 24 locales; zona CF Comidas rápidas de 72 locales; zona LC de 12 locales y zona pan coger de16 locales.

La obra fue inaugurada con bombos y platillos en marzo de 2015, sin embargo, a la fecha el movimiento comercial no ha sido significativo. De hecho, la Contraloría General de la República en un informe de auditoría a recursos del Sistema General de Regalías realizado en 2018, concluyó “que la inversión realizada en la construcción de las áreas descritas no dio satisfacción a la necesidad que se pretendía al momento de la inversión en la construcción de una central de abastos o centro microempresarial”.

Adicionalmente, el órgano de control concluyó “que la estructura construida no está operando completamente, toda vez que, de los 233 locales construidos en la edificación, 141 se encuentran desocupados y según el estado de los mismos nunca han sido utilizados, lo que indica que en promedio existen un 60% de desocupación” … “Se encontró una obra pública que dado el bajo nivel de ocupación desde la fecha de su entrega se encuentra subutilizada, la cual no está dando cumplimiento a los fines estatales para los cuales se realizó la inversión de los recursos de regalías, generando un detrimento de los recursos públicos por la subutilización de la edificación en cuantía de $5.422.125.677.”.

A juicio de la Contraloría General de la República, la alta desocupación del lugar en consecuencia de deficiencias en el proceso de planeación del proyecto; En su momento la entidad emitió observación administrativa con posibles incidencias fiscal y disciplinaria por $5.422.125.677.

Panorama desalentador

El asedio de la corrupción ha generado descontento social, desconfianza y desesperanza. De acuerdo con una encuesta de Invamer Poll, publicada el miércoles 28 de junio de 2023, el 74% de los colombianos considera que frente a la corrupción el país está empeorando, mientras que un 14% de los encuestados cree que ha mejorado.

No muy alentadoras son las cifras reveladas por la organización Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2022 en donde Colombia alcanzó una calificación de 39 puntos sobre 100, quedando en el puesto 91 entre 180 países evaluados.

Según el organismo, la puntuación de un país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción del sector público. Un puntaje por debajo de 50 indica que el país enfrenta serios problemas de corrupción. Desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos.

Otra investigación que revela los problemas de corrupción en el país es el primer mapa de la impunidad en Colombia que fue presentado a mediados de julio pasado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, como una herramienta para realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.

El trabajo investigativo reveló que de las 57.582 denuncias asociadas a corrupción presentadas entre los años 2010 y 2023, el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.

En la presentación del mapa, el secretario de Transparencia aseguró que la situación es vergonzante, que el país se ahoga en un mar de impunidad y en la actuación de la justicia es cobarde.

“Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”, dijo Idárraga Franco.

Entre tanto, Juvenal no pierde las esperanzas y cree que no todo está perdido, sueña que sus hijos puedan acceder a la universidad para que como profesionales luchen contra las injusticias y la corrupción, ese abuso de poder público para obtener beneficio particular y que le quita oportunidades a quienes tienen menos.