Consejo de Estado suspendió nombramiento de Mancuso como gestor de paz

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución con la que el presidente Gustavo Petro nombró al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
Esto pasó porque el tribunal accedió a la medida cautelar que buscaba frenar ese documento. Esta fue propiciada a través de una demanda. Para quienes la radicaron, la designación de Mancuso bajo esa figura revictimizaba a quienes sufrieron las atrocidades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se conoció.
También presentaba irregularidades por no establecer límites geográficos, temporales ni funcionales para el ejercicio de gestor de paz.
Cabe aclarar que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional en una de las demandas, mas no en la otra. En la que no, se decía que el acto administrativo iba en contravía de las víctimas. Según el alto tribunal, el demandante no presentó la carga argumentativa exigida para una medida cautelar.
Además, expuso que la designación desconocía el principio de “no revictimización”, pero que la demanda no identificó con precisión las disposiciones de ley que habrían sido vulneradas, o cómo ocurrió esa presunta falla.
La segunda solicitud sí fue aceptada. El despacho estudió los argumentos, en los que se hablaba de una supuesta ausencia de límites en designar a Mancuso como gestor de paz, como se afirmó.
Entre las conclusiones, el Consejo de Estado tomó en cuenta que el presidente de la República, Petro en este caso, tiene la dirección de todos los procesos de paz y tiene discrecionalidad para adoptar las medidas que considere necesarias para alcanzar la paz en el país.
Sin embargo, esa facultad no es absoluta, según recordó el alto tribunal, ya que el ejercicio de esos poderes a discreción “no debe entenderse como arbitrariedad” ya que “el ejercicio de estas facultades no es al margen de la ley sino justamente en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto”, según se lee en el documento.
En otras palabras, que el presidente pueda tomar decisiones a discreción no quiere decir que estas puedan estar al margen de la ley. Al contrario, deben ser coherentes con ella.

