La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras se presentaba a rendir indagatoria por su presunta vinculación con el desfalco a la UNGRD. La magistrada ponente del caso, Cristina Lombana, ordenó inicialmente que la congresista fuera conducida por la Policía tras haber solicitado previamente dos aplazamientos de la diligencia.
Fuentes confirmaron que la medida de detención se mantendrá vigente para garantizar que la congresista —quien respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda— comparezca y finalice la diligencia, la cual continuará este viernes. Al término de esta sesión, el alto tribunal definirá su situación jurídica.
La investigación formal se fundamenta en las declaraciones entregadas por Olmedo López en el marco de su negociación con la justicia. El exdirector de la UNGRD salpicó a la legisladora al detallar una reunión en septiembre de 2023, en la que Peralta supuestamente gestionó un contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, buscando beneficiar a Issa Francisco y Jorge Rizcala, personas cercanas a ella. Tras el reparto de esta información, el despacho de la magistrada Lombana asumió el expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La diligencia marca un punto clave en el proceso. Tras la indagatoria, la magistrada Lombana deberá definir la situación jurídica de Peralta; evaluar las pruebas y determinar si hay mérito para avanzar con una investigación formal.
Varios testigos relataron múltiples episodios en los que la senadora de La Guajira habría tenido injerencia en contratos, sobre todo para esa región del país. Fue nombrada en la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La Fiscalía la ubicó dentro del entramado de reparto de contratos en el Congreso para asegurar apoyos a las reformas del gobierno del presidente Petro.
La senadora habría sido una de las beneficiarias de contratos relacionados con cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y otros cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones, que harían parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y respaldo en debates clave.
Siete de esos contratos, según el ente acusador, habrían sido direccionados para “comprar” el trámite de las reformas sociales del Gobierno. La investigación también apunta a que la congresista habría solicitado direccionar contratos hacia varios parlamentarios de la coalición oficialista que reclamaban mayor participación burocrática y contractual.
De acuerdo con la Fiscalía, de esas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira. Entre ellos aparecen obras para controlar la erosión del río Ariari en Puerto Concordia (Meta), por $5.458 millones; intervenciones por afectaciones del río Únete en Aguazul (Casanare); obras de mitigación del riesgo hídrico en la quebrada Rayanal, en Mistrató (Risaralda), por $4.811 millones; y obras de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, por $2.125 millones.
