“Habría libertad condicional para miembros de Primera Línea”: Minjusticia
Néstor Osuna defendió defendió la propuesta de no imputar terrorismo en actos de protesta.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que de ser acogida la propuesta del Gobierno por parte de la Fiscalía General de la Nación de dejar de considerar los actos cometidos durante la protesta social como un delito de terrorismo o de concierto para delinquir, ese cambio de imputación podría abrir la puerta a que miembros detenidos de la denominada Primera Línea puedan enfrentar el juicio bajo libertad condicional.
“Habría que mirar, que distinguir los que estén condenados, lo que los abogados soliciten, no es una cosa automática, pero efectivamente, podría si hay un cambio de imputación, para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de la libertad, podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad”, indicó Osuna.
El ministro Néstor Osuna recordó que hay una directriz en la Fiscalía General de la Nación, desde tiempo atrás, que solicitaba que a las personas que fueran detenidas en protestas sociales, no se les imputaría los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.
En torno a esta propuesta del ministro de justicia Néstor Osuna, la Fiscalía General manifestó que está revisando el alcance de este planteamiento frente al cambio de judicialización de los delitos cometidos en el marco de las protestas.
“El equipo directivo de la Fiscal General de la Nación ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”, manifestó la Fiscalía.
Antes de adoptar una postura oficial en torno a estos hechos, la Fiscalía está estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cualquier caso, la Fiscalía indicó: “La palabra definitiva al respecto la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”.
