EL 25N y la lucha de las mujeres por la reivindicación sus derechos

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha se ha convertido en un escenario a través del cual, los gobiernos del mundo, activistas por los derechos de las mujeres, organizaciones sociales, entre otros, rechazan todo tipo de conductas que vulneren la dignidad femenina y exigen a los estados la implementación de políticas que disminuyan brechas de desigualdad respecto de los hombres. EL 25N, como también se conoce, nos recuerda la lucha incansable por las reivindicaciones, por libertades, por una mayor participación, por garantías y por hacer frente a una de las violencias más silenciosas, pero latentes: la institucional.

“Las múltiples actividades que se realizan favorecen la sensibilización de la sociedad civil para abordar de manera integral esta problemática. Además, instan a las instituciones a diseñar medidas integrales que aseguren la protección y los derechos de las mujeres. Esto implica la adopción de acciones más efectivas para la prevención de la violencia, la optimización de las medidas de protección para las víctimas, y la mejora de los procedimientos para acceder a la justicia, propendiendo por la garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad”, expresó Sandra Pérez, funcionaria de la Agencia de Renovación del Territorio, quien desde hace varios años trabaja el componente de mujer y género en diferentes procesos que tienen lugar en el Sur de Córdoba.

Dentro de las mayores preocupaciones que tienen los participantes de las manifestaciones y eventos públicos que se realizan con ocasión del 25N, está la falta de acciones del estado para prevenir, atender o eliminar eficazmente las violencias contra las mujeres. A propósito de ello, la Procuraduría General de la Nación informó que entre enero y septiembre de 2023, se cometieron en Colombia 410 feminicidios, más de 36 mil eventos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, y más de 16 mil exámenes médico legales por presunto delito sexual contra las mismas. De otra parte, el avance de los procesos se torna lento en ocasiones, al igual las medidas cautelares o sentencias contra victimarios. A esta preocupación, se suma la falta de formación de algunas instituciones, autoridades, funcionarios públicos y el sistema judicial, para atender estos casos desde la perspectiva de género, convirtiéndose en una barrera para el eficaz acceso a la administración de justicia.

Para Juneyme Galván, una joven antropóloga de 23 años, el factor geográfico también se convierte en una de las principales limitantes para las mujeres, toda vez que, al vivir y padecer violencias en zonas alejadas del casco urbano, algunas de ellas deciden guardar silencio o no reciben un acompañamiento óptimo, esto sumado a las dificultades de conectividad que afectan a diversos territorios: “es difícil encontrar un apoyo de las instancias de justicia que hagan un acompañamiento porque están en zonas más alejadas, en escenarios de vulnerabilidad, lo que, en consecuencia altera el normal funcionamiento de los operadores de justicia. También es importante tener en cuenta que debido a la falta de información en esos sitios, las mujeres cuentan con poco conocimiento, sobre dónde deben acudir cuando son vulnerados sus derechos”.

Por otra parte, y desde su liderazgo en comunidades indígenas en el municipio de Puerto Libertador, una activista por los derechos de la mujer a quien llamaremos Carmen, manifiesta que la situación se complejiza a partir de las dificultades existentes en la articulación entre la jurisdicción ordinaria y la justicia especial indígena: “por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, la comisaría intenta atender la situación, sin embargo, se requiere en primer lugar un diálogo con las autoridades de los resguardos o cabildos para determinar si se atiende desde sus usos y costumbres o la oficina toma competencia. No es que el proceso esté mal en sí, pero en ocasiones se termina revictimizando a la mujer y se afecta también su derecho, porque avanza muy lento o no se atiende debidamente”, expresó.

Desde su trabajo en las regiones el programa Justicia Inclusiva de USAID, ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil para brindar representación jurídica y acompañamiento psico-social a mujeres víctimas. De igual manera, las instituciones y organizaciones por los derechos de las mujeres, dinamizan acciones enmarcadas en la conmemoración del 25 de noviembre, a partir de una serie de eventos dentro de los que se encuentran seminarios, foros, conversatorios, talleres formativos, entre otros. También se lleva a cabo un trabajo articulado con los Comités Locales de Justicia, para conocer el avance en la atención de casos relacionados a violencia contra las mujeres:

“Revisamos las acciones que han realizado para agilizar los trámites, se establece la prioridad que tendrán los casos a atender dependiendo de la complejidad o la gravedad del hecho victimizante. De igual manera desarrollamos acciones orientadas a la prevención del feminicidio y jornadas de sensibilización con funcionarios del sistema judicial para mejorar la atención hacia mujeres víctimas”, expresó Yeimis Paternina, activista por los derechos de la mujer en el municipio de Tierralta.

Con el paso de los años las mujeres se apropian cada vez más de los espacios que anteriormente les fueron negados, por ello es importante que se sigan vinculando a todas las actividades enmarcadas en la conmemoración del 25 de noviembre para que con mayor valentía y con mayor respaldo, la sociedad civil comprenda la importancia de seguir defendiendo los derechos y la dignidad de la mujer como actor fundamental en el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.