La Procuraduría anunció que designará una agencia especial para investigar este caso, la cual integrarán expertos en lo judicial y penal adscritos al ministerio público.
Montería. El inclemente llamado de auxilio de las familias para que se haga justicia por el homicidio de dos jóvenes en Montería, a manos de un fiscal de la nación que sigue activo en su cargo, tuvo un pequeño avance en medio de la ‘dilación’ del proceso: la Procuraduría anunció que designará una agencia especial que conformarán expertos en el tema judicial y penal adscritos a ese ministerio público para que asuma el caso.
El compromiso lo hizo el jueves el procurador general de la Nación en su reciente visita a Montería. Ese día, Fernando Carrillo anunció que actuará con la Fiscalía en el esclarecimiento del doble crimen que le arrebató la tranquilidad a dos familias del barrio Sucre de esta ciudad: los Suárez Rivas y los Rodríguez López.
“Por supuesto que vamos a actuar con la Fiscalía en el esclarecimiento de estos homicidios. Disponemos de procuradores judiciales penales para ello y voy a ponerme en contacto con el fiscal general para ver en qué va esa investigación. Tengan la certeza de que vamos a actuar para que exista el tipo de sanciones disciplinarias como consecuencia de la derivación de una responsabilidad de carácter penal”, sostuvo el procurador Carrillo.
El caso se remonta a la noche del 18 de junio del año pasado, cuando el fiscal antibacrim Mario Alonso Lora Correa, quien estaba vinculado en Caucasia (Antioquia), en una discoteca de la calle 41 con carrera 10 de Montería, pidió ayuda a un policía “porque supuestamente iban a atracar a su hijo menor de 16 años, quien había ido al baño del establecimiento público. Luego fue a su vehículo por una pistola 9 milímetros y en estado de embriaguez disparó contra los jóvenes Camilo Andrés Rodríguez López, de 33 años, y Harold David Suárez Rivas, de 21 años. En el hecho un agente de la Policía también recibió un balazo del fiscal, en una de sus manos”, relata el expediente de la Fiscalía.
El primero, Rodríguez López, murió el 3 de julio tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en el hospital San Jerónimo de Montería, mientras que su amigo falleció el 26 de agosto en la clínica Imat, de esta misma ciudad.
Minutos después del hecho el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús Díaz, corroboró en el sitio que los dos jóvenes a quienes el fiscal Lora había herido, señalándolos como presuntos atracadores, no portaban armas, no les encontraron objetos robados y tampoco registraban antecedentes.
Cuatro días después de los hechos el fiscal fue favorecido por un juez de control de garantías de Montería con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, con la prohibición de visitar sitios de expendio de licor y portar armas. La Fiscalía lo trasladó a Barranquilla para que siguiera ejerciendo como tal.
Al respecto, también reaccionó el procurador Carrillo, quien advirtió que “los problemas no se solucionan trasladando a los que han incurrido en ese tipo de conductas, violando flagrantemente los derechos de los ciudadanos”.
Vía El Heraldo
