Bogotá. Para la juez 40 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía no argumentó debidamente la imputación de cargos contra el alto consejero para las regiones, Carlos Correa, y el alcalde de Montería, Marcos Pineda, señalados de presuntos retrasos y sobrecostos en las obras de rehabilitación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
En el desarrollo de la diligencia trascendió que se dio un duro reclamo a la fiscal del caso e incluso se expresó que «primero debería investigar antes que capturar».
Aseguró la funcionaria por ejemplo que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos no está probado y que es claro que la obra se entregó, por lo que tampoco se advierte el delito de falsedad ideológica en documento público.
Además, resaltó los detalles de un informe de mayo de 2017, que destaca que se han subsanado las condiciones para la entrega a satisfacción de los trabajos.Recalcó que no hay pruebas de la apropiación sin comprobarse el detrimento patrimonial.Los hechos tienen que ver con las irregularidades en la rehabilitación del emblemático coliseo “Happy Lora” de la ciudad de Montería, Córdoba.
La Fiscalía investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora en la capital cordobesa, por un valor de doce mil quinientos millones de pesos ($12.500.000.000).
Con estos convenios se buscaba habilitar el Coliseo para los Juegos Nacionales del año 2012, por lo que la obra debía culminar en noviembre de dicho año, lo que no ocurrió. Los trabajos fueron entregados hace unos pocos días con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas.
Los otros investigados son: Pascual Guerrero Arana (director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social); Samuel Eduardo Mora (funcionario de la interventoría Ffograf).Asimismo, se ordenó investigar por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a los exgobernadores Martha del Socorro Sáenz Correa y Alejandro José Lyons Muskus.
