Con la radicación de la Ley de Amnistía e Indulto esta semana, y la reforma constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, la próxima, inicia una maratón de leyes en el Legislativo que busca implementar el acuerdo de paz mediante una vía más rápida: el fast track aprobado por la Corte Constitucional.
Precisamente el presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión de los magistrados al señalar desde España: “Eso era un punto fundamental, porque de las muchas lecciones que logramos extraer del estudio de los diferentes acuerdos a través de la historia y del mundo, había una lección muy importante: teníamos que abreviar el tiempo entre el momento en el que se firmaba el Acuerdo y el momento en que se comenzaba a implementar”.
De acuerdo con Mauricio Lizcano, presidente del Senado, esa corporación iniciará las discusiones de la Ley de Amnistía e Indulto el próximo lunes en la Comisión Primera y que las discusiones se extenderán hasta finales de este mes, dado que la votación será el 29 de diciembre.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, anunció que ya hay 100 indultos firmados a guerrilleros de las Farc que están presos y que podrían salir 300 en total en enero próximo.
Los amnistiados, según los cálculos del ministro Londoño, serán cerca de 4.500 guerrilleros que actualmente se ubican en las zonas veredales. La condición para todos es dejar las armas y comprometerse con la reincorporación a la vida civil, de acuerdo con los parámetros del Acuerdo definitivo.
En la Ley de Amnistía e Indulto se tramitará, además, el tratamiento penal diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, por lo que en enero podrían salir de la cárcel mil agentes del Estado que han cumplido 5 años de su condena, y otros 900 podrán ir a guarniciones militares.
Por lo menos 5.500 miembros de la Fuerza Pública obtendrán algún beneficio con esta ley.
¿Refrendación popular?
La Corte Constitucional aseguró que el Congreso es quien debe determinar si su refrendación del Acuerdo es popular o no, para ello debían cumplirse algunas condiciones.
La Cámara de Representantes aprobó con 136 votos una proposición en la que argumentan que el acuerdo firmado el 24 de noviembre “fue el resultado de un proceso amplio y democrático cuya refrendación popular concluyó con las proposiciones aprobadas por las cámaras legislativas el 29 y 30 de noviembre. Por lo tanto, el procedimiento especial legislativo previsto en el acto legislativo 01 de 2016 se encuentra vigente.
En el Senado la proposición no fue votada, ya que pidieron que la presidenta de Corte, María Victoria Calle, vaya al capitolio a explicar los alcances de la sentencia. Algunos académicos, entre ellos David Suárez, constitucionalista de la U. Eafit, consideran que al Corte se enredó con el artículo 5 de Acto Legislativo, ya que debió considerarlo inexequible. Al respecto, el exministro Jaime Castro expresó que la “Corte debía definir refrendación popular. No lo hizo. Decidió que lo haga Congreso, que es parte interesada. Creó galimatías jurídico y político”. Por su parte, la excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez, escribió en su cuenta de Twitter que “ganó el No en Plebiscito pero Gobierno, Congreso y Corte proceden como si hubiera ganado el Sí. ¡Qué semillero de pleitos!”.
