La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) pagar la pensión de 106 madres comunitarias que interpusieron tutelas para que se les reconociera el derecho pensional.
Con el fallo de la Corte que obliga al Estado y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a pagar los salarios que durante más de 20 años dejaron de recibir las madres comunitarias del país, ya que sólo desde el 2014 se implementó el pago de una mesada para ellas, a otras 120.000 madres se les abrieron las puertas para ser también beneficiadas por la orden que les reconocería sus salarios además de las prestaciones sociales y pensiones que se les adeudan.
Al respecto, Juan Pablo Mantilla, abogado representante del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), explicó que, inicialmente, iniciaron una reclamación administrativa en el Icbf por estos derechos; sin embargo, la entidad siempre argumentó que las madres comunitarias prestaban ese servicio de manera voluntaria, por lo que las obligaciones con ellas recaían en los intermediarios, es decir, en los operadores.
“En estas tutelas buscábamos que se reconociera la vinculación laboral directa entre las madres comunitarias y el Bienestar Familiar, para que de esa manera fueran reconocidos todos los pagos salariales y prestaciones sociales desde el momento en que ellas iniciaron sus labores al servicio de los niños”,aseguró Mantilla.
Igualmente, Olinda García, presidente de Sintracihobi, celebró la decisión de la Corte, además precisó que esto da paso para que cada una de las mujeres que no fueron acogidas por el fallo tengan la oportunidad de demandar su caso particular para que a más tardar en el mes de noviembre puedan ser beneficiadas por la ley y recibir lo que se les adeuda.
“Actualmente tenemos casos complejos, de líderes de 60 años y 70 años que continúan laborando, inclusive hay una mujer de 85 años que se encuentra en el Casanare, ella está ciega y a pesar de eso continúa trabajando por que no tiene una pensión y es su único medio de sustento, igualmente, hay mujeres en condiciones de discapacidad”, dijo García.
Aunque el fallo no establece la cifra exacta que se deberá cancelar a los demandantes se especula por salarios y prestaciones el Icbf tendría que pagar $2.8 billones. En pensiones $1.4 billones y en aportes y pensiones la deuda sería de $1.9 billones, lo que se representaría en una deuda total de $6,1 billones. Ante esta situación y teniendo en cuenta de que la cifra supera el presupuesto del Instituto para este año, el Icbf presentará una acción de nulidad.
