Montería enfrenta colapso inminente de su red de clínicas privadas por deudas millonarias de las EPS
Un informe alarmante de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Córdoba revela que el sistema de salud privado de Montería podría colapsar en los próximos seis meses debido a deudas acumuladas de $517.500 millones que las EPS mantienen con las clínicas de la ciudad.
La situación, calificada como “una tragedia anunciada”, afectaría directamente a 129.375 pacientes mensuales y pondría en riesgo 13.713 empleos directos.
El análisis, basado en datos de ocho clínicas representativas que atienden más de 45.000 pacientes al mes, proyecta un escenario crítico para las 23 instituciones privadas de la ciudad.
Estas operan actualmente el 100% de las camas UCI privadas disponibles (448 en total) y atienden casos de alta complejidad como cáncer, insuficiencia renal y cuidados intensivos neonatales. Luis Martínez, presidente de Fenalco en Córdoba, fue contundente en un comunicado: “Pacientes morirán esperando atención. Literalmente”.
La crisis ya muestra síntomas graves. Las clínicas operan con capital privado al límite, el personal médico acumula meses sin recibir salarios completos, y se registra una migración constante de especialistas hacia otras ciudades o países.
Proyectos de expansión y nuevas inversiones en infraestructura de salud están completamente paralizados, mientras aumentan los casos de mortalidad evitable por tratamientos pospuestos.
Fenalco señala responsabilidades concretas en esta emergencia. Las EPS lideran la lista por las deudas millonarias no pagadas, seguidas por la inacción del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud frente a las alertas previas. A esto se suma la morosidad de entidades públicas en el pago de contratos con las instituciones médicas privadas.
Ante este panorama, la federación gremial hizo un llamado urgente a la acción. Entre las medidas solicitadas destacan el pago inmediato de las deudas por parte de las EPS, la suspensión temporal de tributos locales para las instituciones en riesgo, y la intervención directa del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud.
También proponen la creación de un frente ciudadano de veeduría y la realización de audiencias públicas con participación del Congreso y el Ministerio de Salud.
