Cartagena. Un juez con funciones de control de garantías legalizó las capturas el exsecretario de salud departamental, Edwin Preciado Lorduy y del auditor de la Secretaria de Salud de Córdoba, Juan David Náder Chejne, investigados por el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.
Preciado Lorduy y Náder Chejne fueron trasladados a la capital de Bolívar, luego de ser capturados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación el pasado viernes en la ciudad de Montería. Las audiencias de imputaciones de cargos fueron suspendidas hasta el domingo a las ocho de la mañana.
Desde Cartagena, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que por el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ fueron capturadas en Córdoba cinco personas, quienes al parecer, se habrían apropiado ilegalmente cerca de 50.000 millones de pesos.
Los otros capturados serían Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, quien se desempeña en la actualidad como coordinador del Programa Ampliado de Inmunización PAI de la secretaria de Salud de Córdoba; Adalberto Rafael Carrascal Barón, médico cirujano y Guillermo José Pérez Ardila, quien para la época del desfalco se desempeñaba como representante legal de la IPS Unidos por su bienestar.
“A través de la falsificación de documentos públicos y privados, se generaron pagos de medicamentos no POS a personas que supuestamente sufrían de hemofilia en el departamento de Córdoba. Beneficiarios que no padecían de esta enfermedad y por virtud de esta circunstancia se ha dispuesto de la imputación de cinco personas en el departamento de Córdoba”, expresó el Fiscal.
PARA SABER MÁS
En Córdoba desde el año 2013 al 2015 se duplicaron los casos de pacientes con hemofilia, una enfermedad de alto costo que genera dificultades para que la sangre se coagule y por la que se podría morir por una hemorragia.
La prestadora de salud (IPS) –Unidos por su Bienestar, creada en el año 2013– le pasó facturas por más de 17.000 millones de pesos a la Gobernación de Córdoba por los medicamentos especializados que supuestamente les dio.
Un año después los pacientes en Córdoba con hemofilia ya eran 81, casi el doble, y por ellos Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana, otra IPS, cobraron 18.000 millones de pesos. La Contraloría detecto los sobrecostos y dio inicio a una investigación que permitió detectar el hurto sistemático al sistema de salud a Córdoba y paso la información a la Fiscalía.
