Pese a promesas de Petro, se reinician en el Sur de Córdoba fumigaciones contra cultivos ilícitos
Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente se han erradicado más de 7.000 hectáreas de coca en el país.
En el último mes, a Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta, municipios del Sur de Córdoba han llegado miembros de la Policía Antinarcóticos y del Ejército a erradicar de manera forzada cultivos de coca. Los campesinos, indignados, les reclaman porque el gobierno de Gustavo Petro había prometido que no iba a haber erradicación forzada ni fumigación con glifosato.
Según Emiliano Martínez, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana, los integrantes de la Fuerza Pública sólo limitan a responder “Que ellos solo cumplen órdenes presidenciales, que la erradicación no ha parado y que tienen que cumplir sus contratos”.
Los líderes se han mostrado sorprendido con los operativos porque el general Henry Sanabria, director de la Policía había indicado que “las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron” y que lo que estaban aplicando era la erradicación voluntaria. Sus palabras concordaban con el discurso que mantuvo el presidente Petro durante su campaña y que reiteró en su reciente ponencia ante la Asamblea General de la ONU: que la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino.
Operativos en toda la zona
A la vereda La Bonita, de Tierralta, miembros de la Policía llegaron en helicóptero, con fumigadoras de motor en la espalda cargadas de glifosato. “Bajaron, rociaron el veneno y cuando los campesinos se estaban acercando para confrontarlos, el helicóptero los levantó y se fueron”, explica Cervelión Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Ese sábado, los policías erradicaron casi dos hectáreas de coca mediante aspersión.
La imagen se venía repitiendo en el departamento desde un mes atrás. Sucedió el 21, 25 y 30 de agosto en las veredas La Danta y San Antonio Indígena, de San José de Uré, dentro del Parque Nacional Nudo de Paramillo; el 11 de septiembre en la vereda Santa Bárbara de Puerto Libertador, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la vereda Candelaria de ese mismo municipio.
La erradicación no ha sido solo a través de fumigación terrestre por parte de la Policía. Desde el fin de semana pasado, a las veredas de Solo Dios y Veredas Unidas, del corregimiento de Puerto Nuevo, en Montelíbano, llegaron miembros del Ejército a hacer erradicación manual. “Cuando los campesinos están en la tierra, los militares se evitan la discusión y llegan, miden el cultivo, arrancan unas 50 matas y lo registran como erradicado”, denuncia Emiliano Martínez, quien también es miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Acsucor). Para él, eso no soluciona el problema de raíz: “Eso solo logra que los cultivos aumenten. Lo que nosotros queremos es una solución de fondo”, señala.
Campesinos insisten en alternativas de sustitución
Los campesinos del Sur de Córdoba aseguran que la persistencia de la erradicación forzada se suma a las trabas en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estrategia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc, para que los agricultores cambiaran los cultivos de coca por proyectos legales.
El programa, que inició en 2017, estaba planeado a 24 meses, que el gobierno Duque extendió a 29. Pero a agosto de 2022 (56 meses después), de las 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos cortos y largos que reemplazarían la actividad cocalera, según cifras oficiales.
