Consejo de Estado admitió 3 demandas contra la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal
El Consejo de Estado admitió para su estudio tres de las cuatro demandas que piden la nulidad del nombramiento de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. La última acción fue presentada por el abogado Harold Sua, quien argumenta que el acto de la designación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, incurrió en varios vicios de expedición irregular, el desconocimiento del debido proceso y falta de motivación.
Explicó que la conformación de una terna con solo mujeres implica que Petro deba justificar un criterio “sospechoso de discriminación consistente en que el acceso a cargos públicos dependa del sexo de las personas”.
La demanda también argumenta otro punto que ha sido objeto de discusión y es que, vuelve a retomar el paso de Amparo Cerón, integrante de la primera terna que presentó el presidente Petro, pero que luego en una segunda terna, fue excluida sin previo aviso, pues, lo que dice la demanda es que es “necesario el consentimiento de quienes la conforman”, refiriéndose a que Cerón no fue notificada, ni consultada de la exclusión de la terna para ser fiscal general.
Por otra parte, habla del voto secreto, en donde cita a La W porque dice que cada una de las votaciones de los miembros fue revelada por los medios de comunicación, en especial por el periodista Daniel Coronell, mediante su Reporte.
Finalmente, para el abogado no existía una terna, porque Amelia Pérez Parra, mediante una carta entregada a la Corte Suprema el 12 de marzo de 2024, renunció de manera irrevocable a la terna para la selección del fiscal general de la Nación, circunstancia que a su vez fue puesta en conocimiento del presidente de la República, antes de la designación de Luz Adriana Camargo Garzón, por lo que al ser descompuesta: no podía haberse elegido fiscal general, porque al revisar la renuncia “no existía terna”, señaló el demandante.
El abogado Sua también pidió la suspensión provisional del cargo, sin embargo, el Consejo de Estado admitió la demanda y negó la medida cautelar.
