Dos puntos neurálgicos que no fueron contemplados durante el proceso de la subasta de Electricaribe, podrían aplazar el inicio de la prestación del servicio de energía por parte de EPM en los de departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.
Por una parte, sería el cambio en las condiciones pactadas, ya que cuando se hizo el negocio, al parecer, se acordó que las pérdidas de la operación eran del 30%, pero por la crisis que ha traído la pandemia del COVID-19, ascendieron al 38%; mientras que la facturación que se pactó en un 70% y ha caído en los últimos meses al 48%.
Por otro lado, preocupa la reestructuración de la compañía antioqueña, tras el cambio de la junta directiva, que derivó en una baja de su calificación de parte de las calificadoras de riesgo, lo cual deja en desventaja a EPM a la hora de acudir al sistema financiero y conseguir recursos para ponerlos en la operación de Electricaribe.
Bajo estas circunstancias, Javier Lastra Fuscaldo, exagente interventor de Electricaribe, asegura que se vislumbra un panorama complejo, en el que incluso EPM podría desistir de su oferta.
“Veo un panorama muy complejo, porque es cierto que el servicio se ha venido deteriorando y hay dos indicadores muy importantes, que son el control de pérdidas y el recaudo. Si los interesados en asumir el control y la propiedad de los activos de la compañía presentaron ofertas con unas condiciones y meses después esas condiciones han cambiado, están en la discrecionalidad de decidir si asumen el negocio o rectifican esa decisión”, asegura Lastra.
De momento, EPM no se ha pronunciado oficialmente sobre cómo va el empalme, ni los pormenores que ha tenido. Sin embargo, se conoció que el cronograma se mantiene, es decir, el 30 de septiembre EPM sí comenzaría a operar la energía eléctrica de los cuatro departamentos a su cargo.
