Por Jairo Alvis Cuevas*
Es triste que la ciudadanía de un país tenga que ser consultada sobre sí está de acuerdo o no con los actos de corrupción de sus gobernantes, pese a que dichos actos las tienen sumidas en la pobreza absoluta, entre los de mayor desigualdad social y en una de las menos educadas del mundo. Y lo que es peor y difícil asimilar es que dicha consulta tenga muchos opositores, especialmente columnistas de opinión.
La consulta anticorrupción es una decisión ciudadana y como toda iniciativa popular, siempre habrá unos promotores, que son solo eso, organizadores, pero la consulta en sí no tiene dueño, ni tiene restitución de dinero por votos, como algunos desinforman; y precisamente para evitar que la misma fuese utilizada para lograr beneficios políticos, el congreso en pleno aplazó su aprobación para después de las elecciones..
La corrupción en Colombia supera los $55 billones anuales y si bien la consulta no contempla todos los frentes de corrupción existentes, los siete puntos aprobados para consultar a los ciudadanos, de una u otra manera aliviarán esta pesada y vergonzosa carga, arrojando excelentes beneficios, por lo que debemos ir a las urnas más de 12.231.314 ciudadanos, la tercera parte del censo electoral. Para que se pueda aplicar cada mandato de la consulta para ser aprobado requiere de 6.130.000 votos positivos.
Según se dice la consulta tendrá un costo aproximado a los $300.000 millones y ya algunos están hablando de que eso es mucha plata y que algunos puntos de la consulta ya existen en algunas leyes y por eso dicen que es una consulta engaña bobos o populista. Es cierto que hay muchas normas jurídicas (estatuto anticorrupción, enriquecimiento ilícito, extinción de dominio), pero las mismas no se aplican o nunca les falta el articulito que las vuelve inaplicables. Da grima observar a muchos columnistas oponerse a la consulta, pero nunca han escrito convocando al congreso a legislar contra la corrupción, como tampoco han exigido el cumplimiento de las normas que supuestamente ya existen.
Supongamos un escenario pesimista, que de los $55 billones que vale la corrupción anualmente se reduzcan por estos mandatos solo un 10%, tendríamos un ahorro anual por $5,5 billones, lo cual cubre ampliamente los costos de la consulta. Más aún si traemos a valor presente ese ahorro anual en un lapso estimado solo de 5 años, los beneficios generados superan considerablemente los gastos que genera la consulta.
El punto 1 referente a la reducción de salarios a los congresistas y altos funcionarios, si bien no está relacionado directamente con la corrupción, el nuevo salario propuesto está dentro del promedio de salarios de los países de la región, por lo cual se justifica su reducción. No es cierto tampoco que afecte los salarios de los fiscales, jueces, maestros, policías y mucho menos a los pensionados. Tampoco es cierto que por ganar menos vayan a robar más, pues los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción ya eran millonarios, así que no robaban por necesidad, sino por ambición. En este punto se produce un ahorro importante que al sumarlo al cálculo efectuado anteriormente se incrementan los beneficios.
El punto 2, es un anhelo del pueblo colombiano, quitar el beneficio de cárcel especial a los corruptos y prohibirles contratar con el estado. Esta es una medida que indudablemente generará un ahorro importante, ya que los gobernantes, contratistas y demás afrontarán penas en las cárceles sin ningún beneficio, además que no podrán contratar más con el estado. Esto los hará abstenerse de continuar robándole al país.
En el punto 3, contratación transparente con pliegos tipo en todo el país, tal cual como existe para infraestructura. Esta medida permite que la evaluación de los pliegos de los proyectos de obra se facilite al cotejarlos con modelos predefinidos y esto conllevaría a la evaluación homogénea de las propuestas.
El punto 4, presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas, busca que la ciudadanía sea realmente tenida en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto y de esta manera contemplar en el mismo, las reales necesidades de las comunidades. Algunos dicen que los puntos 2,3 y 4 ya existen en el estatuto anticorrupción y otras leyes, sin embargo no se aplican, lo cual resalta mucho más la necesidad de impregnarle a estos procesos la voluntad popular para motivar aún más su estricta aplicación.
Los puntos 5,6 y 7 si bien no tienen relación directa con los actos de corrupción, son medidas que coadyuvan a la transparencia de los procesos de gestión y contratación. La rendición de cuentas son pocos los congresistas que lo hacen, tampoco todos publican voluntariamente sus declaraciones de renta, ahora sería obligatorio y es una buena medida que no se atornillen en el poder y tengan límite máximo de 3 períodos en corporaciones pública.
* Consultor Financiero
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