En su decisión, el Tribunal Superior de Barranquilla reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia; y Matitas en Riohacha (La Guajira).
Mancuso Gómez fue condenado a 40 años de prisión, con multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo, con la alternativa de 8 años de prisión de acuerdo con los parámetros de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en la sentencia.
