El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dijo que en la actualidad se adelantan 237 procesos disciplinarios por irregularidades en el manejo de los recursos destinados para atender la emergencia presentada por la COVID-19 en el país.
En plenaria del Senado de la República, citada para conocer las acciones tomadas por los entes de control frente a la actual coyuntura que vive el país, el procurador Carrillo dijo que son 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías.
Sobre los hechos de corrupción, Carrillo dijo que “es un factor de violencia, que tiene la capacidad de matar, es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando viola el derecho a la salud o juega con la seguridad alimentaria o con ayudas vitales para la supervivencia de los colombianos”.
El jefe del organismo de control disciplinario señaló que se trabaja en cinco frentes, entre los que se destaca, el alistamiento para la infraestructura médico-asistencial, la protección de la población privada de la libertad y la vigilancia de los recursos públicos.
Lo que ha hecho la Procuraduría es gestionar ante el Ministerio de Trabajo el suministro, por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, (ARL) de los elementos de protección al personal de salud y llamados para evitar la discriminación.
También a la Superintendencia de Subsidio Familiar se pidió garantizar el beneficio al desempleo por la emergencia, “siempre y cuando hubiesen cotizado por un año o durante los últimos cinco años a las cajas de compensación”.
