¿Pueden cortarle el agua, gas o la luz por facturas atrasadas? Esto dice la ley en Colombia
La Superintendencia de Servicios Públicos emitió una norma que protege a los usuarios frente a cortes inmediatos por facturas vencidas. Conozca sus derechos y las medidas que deben cumplir las empresas.
Retrasarse en el pago de los recibos de agua, energía o gas es una situación que le puede ocurrir a cualquier hogar. Sin embargo, la legislación colombiana establece que la mora en las facturas no es motivo suficiente para que las empresas suspendan de inmediato los servicios públicos.
De acuerdo con la Circular 0044 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las compañías prestadoras están obligadas a garantizar un proceso transparente y respetuoso con los usuarios. Esto implica notificar oportunamente sobre la deuda, otorgar plazos razonables para ponerse al día y explicar las consecuencias de no hacerlo. El objetivo es proteger el acceso a servicios esenciales y evitar cortes arbitrarios.
La norma también establece que las empresas deben ofrecer alternativas de pago. Entre ellas, se incluyen acuerdos de financiación o planes de fraccionamiento de la deuda, con el fin de que el usuario pueda normalizar su situación sin ver comprometido su acceso a servicios básicos como el agua potable o la energía eléctrica.
Si un ciudadano recibe un aviso de corte, el primer paso es revisar cuidadosamente los montos adeudados y verificar que la notificación cumpla con los protocolos exigidos. Posteriormente, debe comunicarse con la empresa para solicitar explicaciones, plantear un acuerdo de pago o resolver posibles errores en la facturación. Mantener un registro de estas gestiones es clave para proteger sus derechos frente a medidas que pudieran ser injustificadas.
En definitiva, la Circular 0044 busca equilibrar las obligaciones de pago con la garantía del derecho fundamental a los servicios públicos, recordando que la suspensión debe ser siempre el último recurso, y solo después de agotar todos los mecanismos de diálogo y notificación establecidos por la ley.
