Este viernes se cumple el mes de plazo entregado por el presidente Gustavo Petro para que las tarifas de energía en el Caribe empezaran a bajar al asumir la deuda pendiente por la opción tarifaria. Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha adelantado una serie de reuniones con las empresas comercializadoras para materializar esta promesa, sigue la expectativa alrededor de cuándo se empezarán a ver los alivios en las facturas de los usuarios.
Una de las definiciones hechas por el Gobierno corresponde a cubrir, inicialmente, los saldos correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, que ascienden a $2.7 billones. Para eso se usarán $2 billones de una línea de crédito de Findeter y la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) aportará $700 mil millones adicionales.
Aunque se viene construyendo un cronograma para el desembolso de los recursos, el ‘cuello de botella’ en este momento está relacionado con la necesidad de una ley de la República para que el Gobierno nacional pueda asumir dicha deuda y así las empresas trasladen el beneficio a los usuarios.
“No tenemos certeza de cuál será el momento en que se materializará el beneficio, si al momento que se entreguen los recursos a las empresas –que obviamente dirá que sigue teniendo la deuda– o en el momento en que la Nación asuma la deuda directamente”, sostuvo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
A su turno, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), expuso que se encuentran a la expectativa de la materialización de la propuesta del jefe de Estado.
“La opción tarifaria, como se sabe, su monto asciende a cerca de $4,5 billones, deuda que se ha venido acumulando desde la pandemia y cuyo pago es esencial para fortalecer la salud financiera de las empresas comercializadoras en su rol de entregar a los colombianos un servicio como el de la energía eléctrica”, expuso.
Norman Alarcón, coordinador de Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, remarcó que hay “incertidumbre” entre todos los usuarios que están a la espera de los alivios prometidos por el presidente Gustavo Petro con relación a la reducción de las tarifas de energía.
“No hay una respuesta precisa para cuándo sentirían un alivio los usuarios, porque de ser cierta la versión de requerirse una ley para asumir la opción tarifaria, ya no sería en el corto plazo la rebaja tarifaria porque habría que esperar la nueva legislatura a partir del 20 de julio, lo mismo que el trámite engorroso”, expuso Alarcón.
Además, cuestionó si la población será víctima de una “nueva burla” por parte del Gobierno: “Hay que recordar que en tiempo de Irene Vélez, ministra de Minas a principios del actual mandato, se crearon ilusiones en millones de usuarios de una tal “justicia tarifaria”, que nunca apareció”.
