Uribe sería condenado a 12 años de prisión domiciliaria; jueza leerá la sentencia a las 2 p.m.
Álvaro Uribe sería condenado, en primera instancia, a 12 años de privación de la libertad en detención domiciliaria. Esa es la esencia del documento de 1.114 páginas en el que la jueza Sandra Liliana Heredia consideró responsable al expresidente de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La condena no quedará ejecutoriada porque la defensa del exmandatario anticipó que apelará la decisión. El caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá.
«Condenar a Álvaro Uribe Vélez a las penas principales de 144 meses o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de Soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo como se expuso en la parte motiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario», dice el fallo.
En el documento, Heredia ordenó que el exmandatario sea trasladado inmediatamente a Rionegro, donde tiene su finca en el sector conocido como LLanogrande, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se le realizarán respectivos controles por parte de las autoridades. «Basándonos en el criterio jurisprudencial y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar», explicó la jueza.
Sobre el requisito de necesidad, argumentó que el traslado inmediato se profirió para preservar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. «Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad, pese a una condena«.
