$100 millones por mil votos: la grave acusación que enfrenta un funcionario de la Registraduría en Córdoba
La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación por un presunto caso de corrupción electoral que involucra a un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería. Se trata de Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la entidad, quien fue imputado por el delito de concusión tras ser señalado de exigir una millonaria suma de dinero a una aspirante al Congreso de la República.
De acuerdo con el ente investigador, el funcionario habría solicitado 100 millones de pesos a la candidata a cambio de garantizarle mil votos en las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo. La investigación indica que el primer contacto se produjo el 25 de febrero mediante una llamada telefónica, tras la cual ambos acordaron reunirse en la residencia de la aspirante.
Según la Fiscalía, durante ese encuentro Mendoza Soto habría planteado la exigencia económica. Posteriormente, en una nueva reunión realizada en una cafetería de Montería, el funcionario presuntamente reiteró su solicitud y manifestó que tenía la capacidad de alterar los resultados electorales para entregar la cantidad de votos prometida.
El caso fue presentado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó el cargo de concusión.
Este delito se configura cuando un servidor público, aprovechando las funciones de su cargo, exige o solicita dinero o cualquier beneficio indebido a un particular. De acuerdo con la legislación colombiana, esta conducta contempla penas que pueden superar los seis años de prisión, además de otras sanciones establecidas en el Código Penal.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si el funcionario continúa desempeñando funciones en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tampoco se ha conocido si el juez impuso alguna medida de aseguramiento en su contra.
La identidad de la candidata presuntamente afectada permanece bajo reserva, al igual que el origen de la denuncia que dio lugar a la investigación.
