Que Colombia repita los errores de los países de Centroamérica que dieron por terminados los conflictos con sus respectivas guerrillas.
El país no quiere repetir las experiencias fallidas de Centroamérica, en que la opción más atractiva para los desmovilizados fue seguir delinquiendo. Por lo menos así lo afirmó el senador Roy Barreras, quien estuvo integrado a la mesa de conversaciones de La Habana como miembro de la delegación del Gobierno.
Barreras explicó que la principal medida para evitar una oleada de violencia en las ciudades durante el posconflicto, la constituyen los incentivos económicos que los equipos negociadores acordaron, para los guerrilleros que efectivamente dejarán sus armas en manos de la ONU después de votado el plebiscito, según lo previsto.
No está claro cuánto le costarán al país dichos subsidios temporales que constituyen para cada guerrillero el 90% de un salario mínimo mensual, pues según explicó la semana pasada el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, “el coste total de la medida dependerá del número total de desmovilizados”.
Pero además de este componente, el proceso de paz con las Farc y el Acuerdo final que ya conoce el país, han demostrado diferencias sustanciales frente a los procesos que llevaron a cabo El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Una investigación de la Universidad Católica de Colombia reseña que “Nicaragua fue un país con resonancia en el escenario internacional, a propósito de sus conflictos internos, no sólo por la fuerte influencia ideológica de sus actores (los sandinistas y los contrarrevolucionarios), sino por la activa presencia de Estados Unidos en aspectos económicos y estratégicos militares, principalmente, logrando en cierta forma equilibrar las fuerzas, presionar al diálogo y la consolidación de los procesos de paz, luego de una prolongada guerra de más de diez años”.
Ello contrasta con el caso colombiano, en el que a pesar de los US$300’000.000 aproximadamente que Estados Unidos seguirá entregando al país en el marco del Plan Colombia, así como del apoyo en ingeniería militar que la potencia norteamericana brinda permanentemente, Colombia decidió elegir como garantes del proceso de paz a Noruega y Cuba, y la intervención internacional durante la dejación de armas fue entregada a la misión de la ONU que tendrá un carácter verificador pero no de intervención militar.
Así mismo, los registros de las Naciones Unidas de cada proceso de paz en Centroamérica, dan cuenta de las diferencias en las estrategias para legitimar los acuerdos respectivos ante la población civil. En Guatemala, por ejemplo, se convocó una consulta popular que refrendara la reforma constitucional propuesta.
Para el caso de Nicaragua, la refrendación popular estuvo marcada por una convocatoria a elecciones, en las que se permitió hacer campaña a los excombatientes sandinistas y contrarrevolucionarios.
En El Salvador, no obstante, no hubo ningún tipo de consulta a la población, sino que las reformas demandadas por el acuerdo de paz fueron tramitadas directamente desde el Congreso.
Por: Sergio Andrés Correa Buitrago
Tomado de El Mundo
