¡Alto al ruido! Motociclistas colombianos enfrentarán sanciones por exostos modificados
Una nueva ley sancionada por el Gobierno Nacional abre la puerta a fuertes sanciones contra motociclistas por el uso de exostos modificados. Las autoridades podrán multar e inmovilizar vehículos ruidosos en pro del bienestar ciudadano.
En Colombia, el ruido excesivo producido por motocicletas modificadas podría tener los días contados. El presidente Gustavo Petro sancionó en marzo de 2025 una nueva ley que busca combatir la contaminación acústica en el país, otorgando a las autoridades de tránsito facultades para multar e incluso inmovilizar vehículos que sobrepasen los límites permitidos.
La llamada Ley contra el Ruido, impulsada por el representante a la Cámara Daniel Carvalho y el abogado ambiental Camilo Quintero Giraldo, establece los lineamientos para una política nacional de calidad acústica. Esta política deberá ser reglamentada en un plazo de un año, y será implementada por entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, así como el Ideam.
Uno de los aspectos más polémicos de la normativa es el endurecimiento de controles hacia motocicletas con exostos alterados. Según Carvalho, estos vehículos son una de las principales fuentes de quejas ciudadanas por ruido. Con la nueva ley, una vez reglamentada, las autoridades podrán aplicar multas onerosas e inmovilizar motocicletas que superen los niveles permitidos de ruido.
Actualmente, la resolución 8321 de 1983 establece un límite de 86 decibeles para motocicletas. Esta nueva normativa exige al Gobierno actualizar estos niveles y ampliar la regulación a otros medios de transporte como trenes, aviones y embarcaciones, así como controlar el uso excesivo de perifoneo comercial.
Además, la ley introduce multas por afectación a la convivencia derivadas de ruido generado por fiestas, reuniones o maquinaria, que podrían alcanzar hasta 16 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $759.200 en 2025. También se contemplan sanciones más severas para organizadores de eventos masivos que perturben el entorno sonoro, con multas que van de 100 a 500 salarios mínimos, dependiendo del tamaño del evento.
Con esta legislación, el país da un paso firme hacia la protección del ambiente sonoro y la tranquilidad ciudadana, marcando un precedente en la gestión del ruido como un asunto de salud pública y convivencia.
