Revocan tutela e incidente de desacato contra el rector de la Universidad de Córdoba
El Tribunal Superior de Montería tomó dos decisiones significativas para la Universidad de Córdoba. En la primera revocó el fallo de tutela en contra de la institución y, como consecuencia, dejó sin efecto la sanción derivada de un incidente de desacato interpuesto contra el rector Jairo Torres Oviedo.
La decisión surge luego de que un ciudadano presentara un derecho de petición en el que solicitaba información sensible de los docentes y del personal administrativo de la alma máter, tal como salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, tipo de vinculación, cesantías, duración de contratos y demás datos laborales.
La universidad respondió dentro de los términos legales entregando la información correspondiente, sin vulnerar los derechos fundamentales de sus funcionarios, pero el peticionario consideró que la solicitud no fue respondida de fondo e instauró una acción de tutela.
El juez de primera instancia falló a favor del ciudadano y ordenó a la Universidad de Córdoba entregar en un plazo de 48 horas la totalidad de la información requerida.
Durante el proceso constitucional, la institución explicó que sí había respondido de fondo al suministrar la información pública exigida por la ley (decretos de escalas salariales y base de datos institucional); asimismo, argumentó que no podía divulgar ingresos individuales, por tratarse de datos personales y patrimoniales protegidos cuya difusión pondría en riesgo la seguridad y privacidad del personal.
Ante la insistencia del ciudadano, este promovió un incidente de desacato, y en respuesta, el juez ordenó una sanción contra el rector consistente en cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Por lo que frente a este panorama, la Oficina Jurídica de la Universidad de Córdoba interpuso los recursos correspondientes ante el Tribunal Superior de Montería, el cual emitió dos fallos contundentes: revocó la tutela de primera instancia y anuló la sanción impuesta al rector Torres Oviedo.
El catedrático con ocasión a estas decisiones indicó que “el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería ratifica que teníamos la razón en el marco legal y que el actuar de la Universidad estuvo plenamente ajustado a derecho. Aclaro que nunca estuve arrestado, pero hubiese estado dispuesto a arriesgar mi propia libertad con tal de defender los derechos de los funcionarios y miembros de la comunidad universitaria”.
