Es difícil entender por qué nuestra clase política insiste en tropezar con la misma piedra, a menos que se reconozca el incentivo detrás de la terquedad: el rédito electoral inmediato. Se ha distorsionado la verdadera función del Estado, que no consiste en regalar activos para cosechar simpatías en las urnas, sino en garantizar condiciones institucionales, seguridad y reglas claras para que los ciudadanos, a través de su propia iniciativa, derroten la pobreza.
El mito de que la tierra por sí sola genera riqueza no es nuevo. Desde los años de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo se ejecutaron ambiciosos programas de distribución predial, acompañados en su momento de crédito, infraestructura y asistencia técnica. El balance histórico fue contundente: la gran mayoría de los beneficiarios pasaron de ser pobres sin tierra a ser pobres con tierra. El activo cambió de manos, pero la vulnerabilidad económica permaneció intacta.
La explicación a este fracaso recurrente suele esquivarse porque resulta políticamente incorrecta: la tierra es apenas un factor pasivo de producción. Quien tiene el conocimiento, la disciplina financiera y la visión gerencial para adquirir un predio ya ha demostrado la capacidad de asumir riesgos y hacer rentable esa inversión.
Regalárselo a quien carece de esa estructura empresarial equivale a entregarle un diploma de medicina a quien jamás ha pisado una facultad: podrá ostentar el título, pero difícilmente curará a un paciente. Sin capacidad de gestión, escala ni capital de trabajo, un predio se convierte en una carga de costos fijos y no en un motor de prosperidad.
A este error técnico se suma una profunda contradicción ética. Repartir parcelas de forma discrecional beneficia a unos pocos elegidos mientras condena al resto de los campesinos vulnerables al olvido, creando una lotería estatal injusta e ineficiente.
El rumbo debe corregirse con pragmatismo. Los predios extinguidos a la delincuencia no deben fraccionarse para perpetuar el minifundismo improductivo; deben subastarse con absoluta transparencia para que lleguen a manos de proyectos productivos capaces de generar empleo formal, mientras los recursos recaudados se destinan a fortalecer la seguridad y la justicia. El campo no saldrá adelante con dogmas redistributivos, sino con rentabilidad, conocimiento y verdadera competitividad.
