Una nueva norma que estaría ‘afinando’ el Gobierno nacional buscaría evitar que las consultas populares detengan proyectos minero – energéticos en el territorio nacional.
Un proyecto de ley que sería presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República en agosto de 2017, prevé facilitar el desarrollo de proyectos extractivos, según información del diario Portafolio.
La nueva norma, según fuentes citadas por el mencionado diario, “no alteraría el mecanismo de participación ciudadana” y se basaría en una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot).
En esencia, el proyecto que sería presentado al Legislativo, prevé “sincronizar las competencias del uso del suelo por parte de los entes territoriales y las del subsuelo, que le corresponden a la Nación”.
El ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), explicó a Portafolio el espíritu de la iniciativa.
“Lo que busca el Gobierno es no alterar este mecanismo de participación ciudadana y respetar los principios de institucionalidad, pero al mismo tiempo evitar que con este proceso se frene la actividad minero-energética”, dijo Vera Díaz.
Y agregó que la norma, además, propondría fórmulas para que los entes territoriales obtengan recursos adicionales, producto de las operaciones de las compañías.
Se trataría de un canon de arrendamiento que sería cancelado por las firmas mineras y petroleras a los municipios, en cuyos territorios tienen concesiones, para poder acceder a la producción del subsuelo.
Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), le dijo a Portafolio que la modificación de la Loot es viable.
“La solución solo es posible mediante la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha reforma, y hasta que eso no suceda, cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades municipales acarrearía una extralimitación de sus funciones”, manifestó.
“No sería extraño”
El senador tolimense por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, dijo desconocer los alcances y detalles de la iniciativa.
Sin embargo, aseguró que no sería extraño porque el Gobierno “sí venía desde hace rato diciendo que quiere crear nuevas normas en relación con los asuntos de las consultas populares.
“(…) De mil maneras ha expresado que las consultas populares no le gustan, de ningún tipo, es bien sabido, porque su actitud en el fondo no es democrática”, afirmó.
Y agregó: “no me sorprendería que intentara una ley que matara las consultas, pero no lo sé realmente”.
Para Robledo, dependiendo de lo que se plantee en la propuesta, la iniciativa podría suponer una amenaza incluso para las consultas que ya fueron efectuadas.
Estos mecanismos de participación ciudadana se han fortalecido hasta el punto de lograr la suspensión de megaproyectos como el de La Colosa en Cajamarca.
Dato
Según Portafolio, en la norma se establecerían los requisitos para organizar audiencias públicas previas para socializar los proyectos a las comunidades.
