Más acceso y menos barreras: Gobierno deberá garantizar gratuidad en inscripciones y derechos de grado universitarios
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno eliminar los cobros por inscripciones y derechos de grado en universidades públicas. La medida busca garantizar mayor acceso y equidad en la educación superior.
El acceso a la educación superior en Colombia acaba de dar un paso trascendental. Un fallo del Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la gratuidad en el pago de los PIN de inscripción y en los derechos de grado en universidades públicas, eliminando dos de las principales cargas económicas que enfrentan los estudiantes.
La decisión responde a una acción de cumplimiento presentada por el joven abogado huilense Camilo Forero, quien señaló que el Ejecutivo incumplió los plazos para reglamentar los artículos 4 de la Ley 2367 de 2024 y 5 de la Ley 2391 de 2024, normas que establecen la gratuidad en dichos trámites.
El alto tribunal concedió un plazo máximo de seis meses para que el Ministerio de Educación y la Presidencia expidan la reglamentación, sin posibilidad de nuevas prórrogas. En la práctica, esto permitirá a los aspirantes realizar hasta tres inscripciones gratuitas y que los graduandos no tengan que pagar sumas que en algunos casos alcanzaban el millón de pesos.
El Congreso ya había dado un paso en esta dirección con la aprobación de la Ley 172 de 2023, impulsada por congresistas como la sucreña Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, y avalada por el Ministerio de Educación. Según la senadora, eliminar este costo representa “un alivio financiero significativo” para los jóvenes, especialmente aquellos de familias vulnerables que, pese a culminar sus estudios, muchas veces no podían graduarse por falta de dinero.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, celebró la medida y recordó que está alineada con la meta del Gobierno de aumentar la cobertura en educación superior del 53,8 % al 62 % para 2026. “En estos 22 meses hemos logrado subir dos puntos porcentuales, llegando al 55 %”, indicó.
El beneficio se implementará gradualmente con recursos del Presupuesto General de la Nación y está dirigido a estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV, comunidades étnicas, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.
La decisión marca un precedente histórico y representa una victoria para miles de jóvenes que ahora podrán aspirar y culminar su paso por la universidad sin que los costos administrativos sean un obstáculo.
