La disputa por la Contraloría de Córdoba llegó a los estrados judiciales. El ex candidato a la Gobernación y hoy aspirante al organismo de control, Eduardo Padilla Hernández, impetró una acción de tutela para frenar el proceso.
Aduce que no es legal que la elección esté liderada por la Corporación Unificada Nacional, CUN, toda vez que esta universidad tiene contratos con la Gobernación de Córdoba por valor de $120 mil millones, mediante dos convenios suscritos por el asesinado director de regalías, Jairo Zapa, por valor cercano a los $56 mil millones cada uno en septiembre y en diciembre de 2013.
«Es descabellado que sea precisamente esa universidad la que evalúe y califique a quienes posteriormente deberán auditarla y controlarla, lo que sin duda genera un conflicto de intereses y viola el principio de transparencia», indicó Padilla en el escrito presentado ante el juzgado.
Para nadie es un secreto que la disputa por el cargo se está dando entre el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y su cuñado el senador Bernardo Elías Náder.
La Asamblea hizo un contrato con la CUN para el análisis de las hojas de vida de los aspirantes. Fueron admitidos 67 de los postulados y antes de finalizar el año deberá quedar lista la terna para que los nuevos diputados que se posesionan el primero de enero de 2016 hagan la selección final, pero con base en la lista de seleccionados por la CUN.
El proceso está bajo la lupa de la Secretaría de Transparencia y su titular, Camilo Enciso, indicó que no hubo estudios previos para determinar quién lideraría el proceso de selección de perfiles para la Contraloría de Córdoba y que el contrato lo hizo la Asamblea a dedo, por valor de 10 millones de pesos.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Jorge Eduardo Benítez, indicó que la CUN no está inhabilitada porque las regalías las vigila la Contraloría General de la República y advirtió además que fue la única que se postuló y que por ello la contrataron.
Vía El Universal
