En Montería no solo se viralizó un video del caso La Salle. También se viralizó una pregunta incómoda: ¿sabemos contar estos hechos sin agrandar el daño?
Lo que circula es una escena de violencia entre estudiantes, seguida por la denuncia de la madre del menor afectado y la activación de la ruta institucional. Pero, desde ese momento, empezó otra historia, menos visible y no menos delicada: la forma en que medios, instituciones y sociedad narran un caso de acoso escolar sin convertir el dolor ajeno en espectáculo público.
En términos generales, el cubrimiento local ha sido más constante, emocional y conectado con el pulso de la ciudad: testimonios familiares, circulación de videos, llamados públicos, reclamos por acompañamiento y relatos sobre las secuelas del caso. El cubrimiento nacional, por su parte, se ha concentrado en la reacción oficial: pronunciamientos, ruta activada, acompañamiento institucional y debido proceso. Las dos miradas aportan, sí, pero también dejan ver un riesgo: que lo local se quede atrapado en la herida y lo nacional en el trámite.
La primera tarea del periodismo, sin embargo, es no confundir categorías. La literatura es clara: no todo conflicto escolar es bullying. Para hablar de acoso escolar debe haber repetición, intención de dañar, desequilibrio de poder y efectos sostenidos sobre la víctima. Además, suele existir un círculo de observadores que calla, tolera o incluso refuerza la agresión. Llamar bullying a cualquier roce desordena la conversación; reducirlo a “cosas de pelaos” la banaliza. Entre la ligereza y el alarmismo, el periodismo serio tiene una tarea más difícil y más valiosa: nombrar bien (Andrade et al., 2021; Martínez Verdú, s. f.).
Ahí la comunicación no entra solo como canal, sino como parte del problema y de la solución. La investigación ha advertido que los medios pueden visibilizar el fenómeno, pero también normalizarlo o amplificarlo cuando privilegian la exposición, repiten imágenes humillantes o convierten el caso en escarnio. Desde los estudios sobre matoneo y comunicación se ha advertido, además, que las redes sociales y los medios ya no solo cuentan estos hechos: también los expanden (González, 2010; Martínez Verdú, s. f.).
Por eso el cuidado es ético. UNICEF insiste en que informar sobre niños y adolescentes no puede ponerlos en mayor riesgo ni comprometer sus derechos, incluso cuando se oculte el nombre o el rostro. No basta con pixelar. También hay que revisar si el enfoque, el lenguaje, la reiteración del video y la explotación emocional terminan produciendo una nueva forma de daño (UNICEF, s. f.).
La comunicación institucional también está a prueba. Decir “activamos la ruta” es correcto, pero ya no basta. La Ley 1620 y el SIUCE obligan a algo más que una defensa reputacional: exigen mensajes claros sobre protección, acompañamiento psicosocial, garantías y prevención (MEN, 2013, 2025). Y cuando se evocan tragedias o muertes previas, el contexto solo sirve si ayuda a comprender estructuralmente el problema y no si alimenta el morbo retrospectivo, pues el tratamiento sensacionalista puede resultar dañino (OMS, 2023).
La pregunta de fondo, entonces, sigue ahí: si estamos informando para comprender o para incendiar. Porque contar bien, en estos casos, también es una forma de cuidar.
*Jefe de programa de Comunicación Social – Unisinú.
