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Contraloría advierte que solo el 19 % de las aeronaves de la FAC cuenta con póliza de seguro vigente

La Contraloría General de la República advirtió este lunes que únicamente el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cuenta con póliza de seguro vigente. Este fue uno de los hallazgos de las actuaciones adelantadas por el ente sobre el sector defensa a raíz del accidente del avión militar ocurrido el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

De hecho, la Contraloría aseguró a través de un comunicado que sus actuaciones permitieron establecer que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada en Puerto Leguízamo (Putumayo), no contaba con póliza de seguro vigente al momento del siniestro.

Advirtió en ese sentido que, desde la perspectiva fiscal y de la gestión del riesgo, esta situación “impacta los mecanismos de transferencia del riesgo y expone al Estado a asumir directamente los impactos económicos derivados del evento, incluyendo eventuales obligaciones indemnizatorias”.

Según el ente de control, aunque el presupuesto del sector defensa ha presentado una tendencia creciente en las vigencias 2024, 2025 y 2026, “dicho incremento no ha resultado suficiente para atender de manera integral las necesidades estructurales del sector, particularmente en materia de modernización, mantenimiento de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo”.

Una de las causas, apunta la Contraloría, sería la alta participación del gasto de funcionamiento frente al componente de inversión, lo que ha limitado el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la adopción de esquemas robustos de mitigación de riesgos.

“Aunque en la vigencia 2026 se observa una recuperación del componente de inversión, se requiere que este comportamiento sea sostenido y responda a una planeación estructural orientada a garantizar la seguridad operacional, la protección del personal y la adecuada administración de activos estratégicos”, se lee.

En el marco de sus actuaciones de control fiscal, el ente alertó sobre riesgos estructurales que inciden en la sostenibilidad del sector defensa, entre los cuales se destacan el rezago en la inversión en tecnología e innovación, el riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones, y la restricción de recursos del sector.

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