Presidente Abelardo De La Espriella ordena extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una de las primeras decisiones de alto impacto de su política de seguridad: ordenó hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados ilegales que habían participado, como representantes, en diferentes procesos, mesas o espacios de diálogo adelantados durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El mandatario aseguró que las extradiciones de estas personas ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional en 2025, pero su entrega había permanecido suspendida debido precisamente a su participación en los procesos de negociación.
De la Espriella sostuvo que esta situación no puede convertirse en un mecanismo para evadir las obligaciones con la justicia y cuestionó de manera directa la política de “paz total” implementada durante el gobierno anterior.
Según el presidente, esa estrategia “fracasó estruendosamente en su propósito fundamental”, porque, a su juicio, permitió abrir espacios y conceder beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en algunos casos existieran resultados verificables que demostraran avances reales hacia la paz.
El mandatario anunció así un cambio de enfoque de su administración, al señalar que su Gobierno comenzará a desmontar lo que calificó como un modelo de “falsa paz”, para reemplazarlo por una política basada en “seguridad, legalidad y autoridad del Estado”.
Entre los integrantes de las estructuras armadas cuya extradición fue ordenada se encuentran Willington Henao Gutiérrez, conocido con el alias de ‘El Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; y Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’.
Los tres se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas y, de acuerdo con la decisión anunciada por el presidente, deberán ser entregados a Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país.
De la Espriella explicó que las extradiciones ya habían sido autorizadas durante 2025, pero quedaron congeladas por la participación de los señalados en las conversaciones adelantadas por el anterior Gobierno.
El jefe de Estado insistió en que los procesos de diálogo no pueden convertirse en una especie de protección frente a los requerimientos judiciales.
