El panorama de orden público en Córdoba es delicado. Se siguen presentando reclutamiento forzado, asesinatos selectivos de líderes, desplazamientos, violencia sexual, extorsiones y un evidente recrudecimiento de la violencia.
Ese fue el panorama que presentó el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, durante su intervención en la Mesa Virtual para la Protección de la Vida, la cual fue instalada por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, con representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, instituciones estatales y líderes sociales.
El funcionario insistió en que hay una precaria respuesta institucional ante las denuncias de situación de riesgos y anunció que en los próximos días presentarán ante el Congreso un proyecto de ley de acceso a la justicia, que responde a una consulta ciudadana con la participación de más de 9 mil personas, la cual busca justicia territorial, para desmantelar las organizaciones criminales.
Se mostró preocupado con el desplazamiento que se ha generado en el sur de Córdoba, especialmente en los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador, donde se registraron dos masacres, que generaron pánico en por lo menos 50 familias que salieron huyendo de la zona.
Se refirió además a la delicada situación que viven las comunidades indígenas asentadas en Córdoba, quienes no tienen la capacidad para contrarrestar la violencia de los grupos armados: “Es por eso que insistimos en la justicia territorial, como una necesidad para desmontar las estructuras armadas del sur de Córdoba”.
