a reciente decisión de los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Ricardo Racero, de convocar para el próximo jueves a una comisión accidentes para integrar la nueva lista de los candidatos a Contralor General de la República, de acuerdo a sus méritos y en equidad de género, suscitó una gran controversia en el Congreso de la República y en la misma entidad.
Por un lado, la representante a la Cámara, por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, aseguró que ese mecanismo anunciado por los presidentes Barreras y Racero, es la primera ‘jugadita’ que el petrismo quiere hacer en el Congreso. Pedraza, quien es una líder estudiantil, hace parte del partido del exsenador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales críticos del presidente electo Gustavo Petro.
Para Pedraza, es falso lo que dijeron los dos congresistas, “porque tanto el criterio de la equidad de género, como el criterio de la meritocracia, fueron corregidos y contemplados en la última lista conformada por el Congreso de la República”. Ese proceso al que se refiere la congresista lo hizo el Congreso saliente el pasado 18 de julio, en cumplimiento de los fallos judiciales que así lo dispusieron.
Precisó Pedraza que “la bancada del Gobierno pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir que violemos la ley, para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo Gobierno, como lo es Julio César Cárdenas, que fue funcionario del próximo presidente Gustavo Petro”.
La selección de los candidatos está a cargo de una subcomisión accidental de senadores y representantes, pero en las últimas hora se conoció que al menos cuatro senadores ya se marginaron de la misma por considerar que se procedimiento sería viciado, uno de ellos es precisamente el primer vicepresidente del Senado, el liberal Miguel Ángel Pinto, como también el liberal Lidio García y el senador de la U, Juan Felipe Lemus. El cuarto es el exvicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana.
Sumado a estas discrepancias, los sindicatos de la Contraloría General igualmente expresaron su preocupación por la forma como se adelanta el proceso. “La decisión de un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, de ordenar la elaboración de una nueva lista de elegibles, es contraria al ordenamiento jurídico, porque la acción popular no es el mecanismo idóneo para declarar la invalidez de una elección, como lo ha dicho claramente la jurisprudencia del Consejo de Estado”.
