«Proceso a puerta cerrada»: La elección de Contralor en Córdoba genera fuerte rechazo en la Asamblea
La elección del Contralor Departamental de Córdoba para el periodo 2026-2029 se ha convertido en un epicentro de controversia, con varios diputados distanciándose del proceso por falta de transparencia. Voces críticas denuncian irregularidades y un posible camino preestablecido en la selección.
La selección del próximo Contralor Departamental de Córdoba, cuya gestión abarcará el periodo 2026-2029, ha desatado una ola de inquietudes y críticas en la esfera política local. Varios diputados han levantado su voz, no solo cuestionando la manera en que la mesa directiva de la Asamblea está conduciendo el proceso, sino también tomando la decisión de apartarse del mismo. La controversia se intensificó tras conocerse la alta puntuación obtenida por Juan Camilo Tuirán Monsalve en la prueba de conocimiento, alcanzando 92 de 100 puntos, lo que ha avivado las sospechas sobre un posible desenlace anticipado.
Entre las figuras que han encendido las alarmas se encuentran los diputados Gabriel Calle Aguas, Luis Miguel Rojas y Juan Antonio Flórez Sierra. Calle Aguas, visiblemente inconforme, ha expresado su preocupación por lo que describe como un concurso que «nuevamente se está llevando a puerta cerrada». Esta práctica, según su criterio, restringe la participación de cordobeses altamente calificados y socava la labor transparente que debe primar en un cargo esencial para la protección de los recursos públicos.
Sus colegas comparten y amplifican las críticas. El diputado Juan Antonio Flórez ha anunciado su decisión de apartarse del proceso, argumentando que no se están garantizando la transparencia ni las condiciones necesarias. Flórez señaló que «el hermetismo y la falta de comunicación ponen en duda su legitimidad», condicionando su reincorporación a una revisión exhaustiva del concurso. Por su parte, Luis Miguel Rojas Salazar fue más allá, notificando al gobernador Erasmo Zuleta Bechara el inicio de una «rigurosa revisión del trámite» ante lo que califica como «serias irregularidades y vicios de forma y de fondo».
Estas voces disidentes subrayan la urgencia de garantizar un proceso de selección impoluto para una posición tan crucial para la fiscalización departamental. La preocupación central radica en la percepción de un procedimiento que podría alejarse de los principios de meritocracia y probidad, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras la Asamblea se prepara para la elección definitiva el próximo 20 de octubre, la demanda de transparencia y garantías plenas resuena con fuerza en los pasillos de la corporación.
