Más de 3.700 hogares en Córdoba podrían perder la Renta Ciudadana por trámite pendiente

En Córdoba, 3.755 familias beneficiarias del programa Renta Ciudadana están en riesgo de perder este apoyo económico por no haber cumplido con un requisito clave: la firma del Acta de Compromiso y Corresponsabilidad.
La gerente regional de Prosperidad Social en el departamento, Dalila Tamayo, hizo un llamado urgente para que estos hogares completen el trámite antes del 27 de julio de 2025, fecha límite establecida por la entidad.
Actualmente, 41.213 hogares en Córdoba reciben la Renta Ciudadana, un programa de transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, cerca del 9% de los beneficiarios no han formalizado su compromiso con el programa mediante la firma del acta, documento que establece obligaciones en materia de salud, educación y bienestar familiar.
“Invitamos a estas familias a realizar el proceso de inmediato, ya sea de manera virtual o presencial en las alcaldías municipales. Para comunidades indígenas, el trámite debe ser exclusivamente presencial”, explicó Tamayo.
La firma de este documento no es un mero formalismo. Representa la aceptación de los compromisos del programa y es requisito indispensable para continuar recibiendo los pagos.
Quienes no cumplan dentro del plazo de 90 días (contados a partir de la última notificación) serán dados de baja temporal del sistema. Durante este periodo de suspensión, no recibirán las transferencias y perderán definitivamente los pagos correspondientes a ese lapso, sin posibilidad de recuperarlos posteriormente.
Para facilitar el proceso, Prosperidad Social habilitó un mecanismo de firma digital a través de su portal web. Los interesados deben ingresar a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co, consultar su estado de registro y seguir el proceso de validación electrónica.
El sistema incluye preguntas de seguridad y permite revisar detalladamente los términos antes de confirmar la aceptación. Es crucial que los datos coincidan exactamente con los registros oficiales, ya que el sistema bloquea el acceso tras tres intentos fallidos, obligando al beneficiario a realizar el trámite de manera presencial.
Este requisito de corresponsabilidad busca garantizar que las familias cumplan con acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida, como asegurar la asistencia escolar de los menores y el cumplimiento de controles de crecimiento y desarrollo.
La medida forma parte de la estrategia nacional para romper ciclos intergeneracionales de pobreza, combinando apoyo económico con compromisos verificables en áreas sociales prioritarias.




