Municipio de Planeta Rica tendrá que devolver más de $3.000 millones que cobró de manera irregular a Colanta
El despacho Quinto del Tribunal Administrativo de Córdoba, instó al Alcalde de Planeta Rica y al Secretario de Hacienda Municipal para que, de forma inmediata, den cumplimiento a la medida cautelar decretada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 30 de noviembre de 2023, en el que se ordena reintegrar a la Cooperativa Colanta la suma de $3.000.171.900.
La millonaria suma fue pagada por la empresa lechera luego que el Municipio de Planeta Rica expidiera la resolución 80 del 13 de julio de 2021 y su confirmatoria, la 247 del 16 de septiembre de 2021, en la que se le impuso la obligación de pago de las sumas declaradas y dejadas de pagar por concepto del impuesto de Industria y Comercio, durante los años gravables 2015 a 2020.
Tras el pago, Colanta interpuso una demanda ante el Contencioso Administrativo de Córdoba, manifestando que las autodeclaraciones estaban en concordancia con el Estatuto Tributario Municipal. En fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo le dio la razón al Municipio de Planeta Rica por lo que la empresa de lácteos apeló y el caso llegó al Consejo de Estado.
El 30 de noviembre del año pasado, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, resolvió anular las resoluciones de cobro emitidas por el Municipio de Planeta Rica y ordenó devolverle a Colanta los más de $3.000 millones que le había cobrado.
Teniendo en cuenta que dos meses después de lo ordenado por el Consejo de Estado, el municipio de Planeta Rica no cumplió con el reintegro de los recursos, la cooperativa lechera presentó un recurso jurídico para solicitarle al Tribunal Administrativo de Córdoba que haga cumplir lo dispuesto por el máximo tribunal.
Tras el requerimiento del Tribunal Administrativo de Córdoba, el alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle Cadavid, aclaró a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, que el cobro fue hecho durante la pasada administración e indicó que la acción judicial es producto de malos procederes administrativos.
