Mañana 20 de julio se instalará un nuevo Congreso de la República. Como sucede cada cuatro años, los colombianos reciben esta nueva legislatura con una mezcla de esperanza, desconfianza y expectativa. No es para menos. En un país marcado por la polarización política y por complejos desafíos económicos y sociales, el Legislativo tiene la responsabilidad de demostrar que sigue siendo el escenario donde el interés general prevalece sobre los cálculos partidistas.
La nueva composición del Congreso, sin mayorías absolutas, obligará a construir acuerdos y a fortalecer el debate democrático. Esa realidad puede convertirse en una valiosa oportunidad para enriquecer las decisiones públicas mediante el diálogo y la deliberación, o en un factor de parálisis si terminan imponiéndose la confrontación permanente y los intereses particulares.
Los ciudadanos esperan mucho más que discursos encendidos o enfrentamientos para las redes sociales. Esperan un Congreso que legisle con rigor, ejerza un control político efectivo, proteja la independencia de los poderes públicos y responda con responsabilidad a las verdaderas prioridades del país: seguridad, empleo, salud, educación, infraestructura y una lucha decidida contra la corrupción.
Los nuevos congresistas deben entender que la confianza ciudadana no se recupera con promesas ni con discursos, sino con resultados. La transparencia en la labor legislativa, la rendición de cuentas, la asistencia a las sesiones, la calidad de los debates y una presencia permanente en las regiones serán fundamentales para cerrar la distancia entre el Capitolio y la ciudadanía.
La elección de las mesas directivas marcará el tono de la nueva legislatura. Será la primera señal sobre la capacidad del Congreso para construir consensos en medio de un escenario político fragmentado y, al mismo tiempo, una prueba de su independencia frente al Gobierno y frente a las presiones de los distintos sectores políticos.
En este nuevo periodo legislativo, la relación entre el Congreso y el presidente de la República será determinante para la estabilidad institucional del país. La colaboración entre ambos poderes es necesaria para sacar adelante las reformas que Colombia requiere, pero esa cooperación nunca debe confundirse con subordinación. Un Congreso independiente fortalece la democracia cuando respalda las iniciativas que benefician al país y, con el mismo rigor, ejerce control político sobre las decisiones del Gobierno cuando las circunstancias lo exigen.
Los legisladores tienen la obligación de recordar que fueron elegidos para representar a los ciudadanos y no únicamente a los partidos o a los intereses que respaldaron sus campañas. Su compromiso debe estar con la Constitución, con las regiones que los eligieron y con el bienestar colectivo. El presidente, por su parte, encontrará en un Congreso serio, autónomo y dispuesto al diálogo un aliado para gobernar, pero también un contrapeso indispensable para preservar el equilibrio de poderes, principio esencial de toda democracia sólida.
La historia no recordará a este Congreso por el número de proyectos radicados ni por las horas de discusión en el recinto. Lo juzgará por su capacidad para fortalecer las instituciones, ofrecer estabilidad y aprobar decisiones que mejoren la vida de millones de colombianos. Los ciudadanos estarán atentos a cada decisión, a cada voto y a cada debate, porque de ellos dependerá buena parte del rumbo que tome el país en los próximos años.
El desafío comienza el 20 de julio. Ojalá esa fecha marque también el inicio de una etapa en la que el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con la nación prevalezcan sobre la polarización, los intereses particulares y los cálculos electorales.
